"Sin duda, todos les debemos una explicación por una situación que compete al Estado y todos los gobiernos de las últimas décadas", enfatizó Gonzalo Blumel.
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Discutir sobre los graves hechos de violencia que han afectado a la región de La Araucanía y a la provincia de Arauco, en la del Biobío, fue el objetivo de la sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados que se desarrolló anoche en el Congreso.
Para ello, la citación demandaba conocer las políticas y medidas de seguridad pública implementadas en la zona para prevenir los atentados y abordar la situación del Sistema de Inteligencia del Estado, de modo de conocer la forma en la que la institucionalidad encargada de la misma está cooperando con la labor preventiva de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
En la sesión, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, señaló que "el balance no es positivo y eso hay que reconocerlo", señaló en la instancia, junto con admitir que desde 2018 se han duplicado los hechos de violencia, llegando casi a los 500 en lo que va del año, lo que, a su juicio, "es profundamente negativo y tenemos que revertirlo".
Además de Blumel, en la sesión participaron el general director de Carabineros, Mario Rozas; el director general de la PDI, Héctor Espinoza; y el intendente de La Araucanía, Víctor Manoli.
El ministro del Interior, en su exposición, valoró que la Cámara desarrollara una sesión especial para analizar la seguridad en La Araucanía y comenzó expresando todo su "apoyo, empatía y solidaridad" a todas las personas víctimas de la violencia. "Sin duda, todos les debemos una explicación por una situación que compete al Estado y todos los gobiernos de las últimas décadas", enfatizó.
Aseguró que, desde hace ocho meses, se ha abocado personalmente a enfrentar esta situación, pues, a su juicio, "la violencia no es admisible en la democracia", por lo que aseguró que el compromiso del Gobierno "es trabajar para recuperar la paz".
En cuanto a las acciones concretas tomadas durante este tiempo, destacó la creación de una Mesa de Inteligencia, que incluye a las policías, a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y a Gendarmería, que se encuentra operando desde abril de este año.
Además, nombró la Prefectura de Inteligencia que se encuentra operativa en la macro zona sur desde junio de 2020. Junto a esto, está el Comité Policial Ampliado, compuesto por los gobernadores, intendentes, el coordinador seguridad, Carabineros, entre otras organizaciones, que funciona desde abril.
También hizo referencia al aumento en el patrullaje aéreo, a la televigilancia en ruta con una dotación de 1.500 funcionarios más vehículos, drones y helicópteros, con más de 1.300 millones de pesos para reforzar los equipamientos.
El secretario de Estado señaló también que se han puesto más recursos para generar planes de persecución penal efectiva. Actualmente, existen 233 querellas por violencia rural vigentes, con seis con condenas y 14 formalizaciones.
En su exposición el ministro hizo un llamado a acelerar la agenda legislativa en materias que puedan ser un apoyo para enfrentar la situación. Tal es el caso de los proyectos que fortalecen la Ley antiterrorista y la sanción al hurto de madera, que se tramitan en el Senado, y la propuesta que reestructura el sistema de inteligencia, para "que sea moderno, tenga efectividad y que esté a la altura de toda democracia".
Hizo referencia también a las medidas de reparación a las víctimas de la violencia rural, para lo cual se han destinado cerca de $3.250 millones.
PURANOTICIA
