Durante su Cuenta Pública, la fiscal regional Claudia Perivancich informó que se formalizó a 4.937 personas entre octubre y diciembre por diversos delitos.
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La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, llevó a cabo en la Universidad Técnica Federico Santa María la Cuenta Pública 2019, oportunidad en la que destacó el trabajo de persecutores y unidades especiales regionales, además de ser una de las fiscalías regionales de mayor tamaño del país debido al número de causas que se tramitan.
Durante su exposición, la jefa regional del Ministerio Público valoró las condenas más relevantes que se lograron el 2019, por las altas penas obtenidas en delitos relacionados al tráfico de drogas, corrupción, delitos contra niños, niñas y adolescentes, y delitos contra la propiedad.
Destacó la labor que realizan las unidades especializadas en materia de investigación y persecución penal, como también los buenos resultados que ha tenido la creación de equipos multidisciplinarios para casos complejos, como la violación con homicidio de Nicole Saavedra y el homicidio frustrado que involucra a un ciudadano estadounidense en Reñaca.
También indicó que durante el estallido social se fortaleció el trabajo en tribunales para dar cobertura a las audiencias de control de detención, que en algunos momentos y localidades supuso un 300% y hasta 400% de aumento del número de imputados, respecto de una situación de normalidad.
Entre octubre y diciembre, en audiencias de control de la detención, 4.937 personas fueron formalizadas, lo que corresponde a un 125,54% más respecto al mismo período del año anterior.
En cuanto a los volúmenes de causas, en lo estadístico varió la configuración de los delitos que regularmente son llevados a control de detención, de manera que el 62% de éstos correspondió a delitos de robo en lugar no habitado, receptación, desórdenes públicos y daños.
Respecto a los delitos de violencia institucional, como tortura y apremios ilegítimos, afirmó que las denuncias llegan a casi 500 casos y que en todos ellos se está trabajando en base a los criterios nacionales.
"Cuando se nos pregunta si la eventual persecución penal de agentes del Estado distrae el desempeño regular de las funciones del Ministerio Público, la respuesta es simple: ni por un segundo. En la medida que se acredite su participación en delitos de apremios ilegítimos, torturas o similares, esas conductas serán perseguidas con la misma intensidad que los delitos comunes", afirmó Perivancich.
La persecutora informó también que se recibieron 159.558 denuncias, lo que representa 11,08% del ingreso nacional y un aumento de un 8,40% en relación al año anterior.
El mayor porcentaje de denuncias se concentró en las fiscalías locales de Viña del Mar con un 22%, Valparaíso con un 20%, San Antonio con un 12% y San Felipe con un 8%, que en su conjunto representan el 62% del ingreso regional.
-Delitos económicos y tributarios, presentando un aumento respecto al año 2018 de un 21%.
- Delitos Sexuales que registra un aumento de un 11%. respecto al año anterior.
-Y en el contexto de la crisis social del último trimestre del año se elevaron en un 500% los delitos relacionados con la violencia institucional, como apremios ilegítimos y tortura.
Del total de causas ingresadas, 4.017, es decir, el 2,5%, correspondió a casos de responsabilidad penal adolescente, RPA, lo que representa un aumento en más de 113 casos respecto del año anterior.
Hubo 13.308 casos de violencia intrafamiliar, lo que equivale al 8,34 % del total regional, cifra que se ha mantenido estable durante los últimos cinco años.
En esta materia el 48% correspondió a lesiones y el 39% a delitos contra la libertad e intimidad de las personas, principalmente amenazas.
La región de Valparaíso registró 72.361 conflictos penales resueltos mediante Salidas Judiciales y 106.889 relaciones finalizadas facultativamente. Del total de Salidas Judiciales el 32% correspondieron a Sentencias Definitivas Condenatorias, un 20,5% a Suspensiones Condicionales del Procedimiento y un 4,23% a Acuerdo Reparatorio.
1.495 causas fueron llevadas por la Fiscalía ante los Tribunales Orales en lo Penal de la región, 1.031 llegaron a sentencia definitiva condenatoria lo que equivale a un 69% de las causas.
En procedimientos abreviados, las fiscalías locales sumaron 4.541 sentencias condenatorias, de un total de 4.586 procedimientos, lo que equivale a un 99% del total de conflictos penales tramitados mediante este mecanismo, para el conocimiento y fallo de delitos cuya pena solicitada, en general, no fuere superior a los cinco años de presidio.
En cuanto a términos en procedimiento simplificado, fórmula establecida para hechos punibles con penas de no más de 540 días de presidio, de un total de 14.803 términos, en un 54% se alcanzó una sentencia definitiva condenatoria.
Durante los últimos 12 meses se atendieron en la región, a través de algunos de los espacios presenciales, web o telefónicos del Sistema de Información y Atención de Usuarios, a 234.416 personas.
A través del SIAU, se recibieron y fueron resueltas un total de 70.182 requerimientos en sus diferentes espacios, distribuyéndose de la siguiente forma:
- Presencial 22.170
- Virtual 45.184
- Telefónico 2.828
La Unidad Regional de Atención de Víctimas y Testigos, trabajó con 11.700 usuarios a través de psicólogos y asistentes sociales que conforman la unidad, atendiendo especialmente a niños, niñas y adolescentes, víctimas de delitos sexuales, de violencia intrafamiliar y otros delitos violentos. A través del Centro de Contacto de Víctimas en los delitos más graves contra la propiedad, se contactó a los afectados dentro de las 48 horas de ocurrido el hecho, alcanzando a más de 12.500 usuarios.
A nivel regional se entregaron más de 8.000 medidas de protección autónomas implicando una ejecución presupuestaria de $146 millones ($146.413.243). 560 de ellas, corresponden a la implementación de medidas especializadas en casos de Riesgo o intimidación de nivel alto, como caracterización de testigos, instalación de alarma, reforzamiento estructural domiciliario, reubicación temporal, relocalizaciones definitivas, entre otras nuevas medidas de mayor tecnologías de monitoreo y seguimiento satelital que se han comenzado a implementar.
Durante el año 2019, la región de Valparaíso contó con un presupuesto aprobado de $15.247 millones ($15.247.349.751), de los cuales se dio ejecución al 99.57%.
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