Diputado Andrés Celis acudió a Contraloría para denunciar al colegio Carlos Alessandri debido a un sumario que no ha concluido, pese a que comenzó el año 2017.
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El diputado Andrés Celis denunció en Contraloría presuntas irregularidades en el retraso de un procedimiento disciplinario instruido por la Municipalidad de Algarrobo, como sostenedor del colegio Carlos Alessandri, por discriminar a Abril Reyes, una joven estudiante con síndrome de Down.
La historia de Abril causó revuelo en redes sociales el 2017, cuando su madre dio a conocer que, a pesar de haber sacado excelentes calificaciones en los exámenes finales de varias asignaturas, habría sido "dada de baja" por el recinto, luego que una profesora se declarara "incompetente" para evaluarla.
En ese entonces y en medio de la presión mediática, la Municipalidad instruyó un sumario a fin de determinar la existencia de responsabilidades administrativas en los hechos denunciados por profesionales del programa de Integración Escolar (PIE) del colegio. Dicha investigación, y a pesar del tiempo, aún no tiene resultados.
El diputado Celis, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, manifestó su disconformidad por el retraso y emplazó a las autoridades a cumplir con los principios constitucionales de eficiencia y eficacia.
"No puede ser que pasaran casi dos años y Abril y su familia siguen sin tener resultados concretos, con la sensación de impunidad que conlleva denunciar un hecho ante las autoridades y que éstas no tomen cartas en el asunto. Comprendo la desesperación que debió sentir su familia al ver que su hija era discriminada, con todo lo que ella se esforzaba para lograr pasar de curso, por eso, he decidido llegar hasta las últimas consecuencias para que se cumpla la ley y se sancione a quienes se deba sancionar", señaló el parlamentario RN.
"Abril sufrió varios episodios de discriminación: primero por su profesora de Educación Física, quien la habría marginado de una actividad en la playa, situación que empeoró, desembocando en varias acciones vulneratorias y que a todas luces fueron en contra de la dignidad de la adolescente. Tengo entendido que incluso, el ex director del colegio, habría dado la orden de "darle de baja" y retirarla del recinto, lo que obviamente afectó emocional y psicológicamente a la joven", sentenció el diputado Andrés Celis Montt.
Paralelamente, el parlamentario solicitó a la Dirección Regional del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) que les brinden asesoría jurídica gratuita y especializada para obtener una mejor solución al conflicto o ejerciendo las acciones legales que estimen convenientes para restablecer los derechos vulnerados de Abril.
"Lo que le pasó a Abril no es racional, va en contra de los tratados internacionales ratificados por Chile y de nuestro ordenamiento jurídico. Las personas con discapacidad tienen el derecho expreso a la educación, sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades; los órganos del estado deben asegurar que el sistema sea inclusivo y de calidad, cosa que no ocurrió en este caso", sentenció.
PURANOTICIA
