El gobernador Iván Cisternas se mostró satisfecho por la veracidad de la denuncia efectuada hace casi ocho meses, señalando que "se está demostrando que habían temas irregulares en los trámites que se estaban haciendo".
visitas
Con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, por los 150 días que dure la investigación, quedó una ex funcionaria de la Gobernación Provincial de Quillota, luego de ser formalizada en el Juzgado de Garantía de la comuna homónima, por haberle solicitado dinero a ciudadanos extranjeros para acelerarles los trámites de sus visas de trabajo.
Tal como se consignó el pasado 11 de diciembre de 2018, la Unidad Anticorrupción Regional de Valparaíso recibió la primera de dos denuncias, que tienen relación a contratos "ideológicamente falsos" realizados a migrantes en la ciudad de Quillota, los que vinculan a dos empresarios y a una funcionaria de la Gobernación, quien se desempeñaba en el Departamento de Extranjería Provincial.
En conversación con PuraNoticia.cl, el gobernador de Quillota, Iván Cisternas, señaló "denunciamos hace ocho meses, aproximadamente, después que asumimos el Gobierno, producto de irregularidades con contratos ideológicamente falsos, por gente que le cobraba a extranjeros para hacerles contratos de trabajo. Y luego de denunciar a un par de empresarios que hacían esto, surgieron nuevas denuncias de extranjeros donde mencionaban a esta ex funcionaria. Cuando se repitieron las acusaciones, también la denunciamos en Fiscalía, y esperamos que corriera la investigación".
Por su parte, el fiscal Claudio Rebeco precisó a El Observador que "de acuerdo a lo que se ha acreditado en el curso de la investigación, ella intervino en el otorgamiento de visas sujetas a contrato de trabajo. Todas estas visas se expidieron en favor de ciudadanos extranjeros, en su mayoría de nacionalidad venezolana".
En concreto, la mujer recibía contratos de trabajo falsificados, previo pago de entre $30 a $60 mil, y a pesar de que eran ilegítimos, les prometía avanzar en el trámite.
En ese sentido, el fiscal Rebeco indicó que "ella conocía el origen de estos contratos y, además, ella habría cobrado ciertas sumas de dinero, con el objeto de hacer más expedita la tramitación de estas visas. Es un delito de cohecho que está penado por la ley".
Finalmente, respecto a las medidas cautelares con las que quedó la ex funcionaria, a la cual no se le renovó su contrato en diciembre pasado, el gobernador Cisternas señaló que "me deja satisfecho que la denuncia que hicimos tenía asidero. Se está demostrando que habían temas irregulares en los trámites que se estaban haciendo y, por justicia de los mismos extranjeros, que merecen tener las condiciones adecuadas, que no se aprovechen de ellos, porque les estaban cobrando por hacer trámites, cosa que no corresponde".
PURANOTICIA
