Juan Francisco Galli remarcó que bajo su punto de vista la decisión e compartida por la mayoría de la ciudadanía y miembros de pueblos originarios.
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El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, se refirió al reciente fallo de la Corte Suprema que desestimó la acción presentada por la Defensoría Penal Pública en favor del machi Celestino Córdova, en donde se pedía reemplazar el régimen carcelario por el arresto domiciliario total.
Al respecto, la autoridad dijo que "el fallo de la Corte Suprema es contundente, lo resuelto por la Corte Suprema es claro en señalar que no es el recurso de amparo la vía adecuada para cuestionar los fallos ya ejecutoriados, la cosa juzgada que se denomina por parte de otros tribunales que ya sentenciaron, que ya resolvieron respecto de la ocurrencia de un hecho punible, como fue el caso de incendio que se sanciona en este caso y respecto de la responsabilidad que le cabe a cada uno de las personas que fueron condenadas en ese caso", argumentó.
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Además resaltó "el voto concurrente del ministro Llanos que hace una aclaración que es muy relevante, respecto de la aplicación del Convenio 169 a los miembros de los pueblos originarios, en este caso el ministro Llanos muy correctamente dice que la preferencia a la que se refiere el artículo 10 del Convenio 1969, no es autoejecutable, requiere de un ley interna que lo ejecute".
"En segundo lugar, cuando se aplica tiene que tener en cuenta el resto del ordenamiento jurídico, porque sino dice él textual, llevaría al absurdo de que una persona por el solo hecho de ser miembro de un pueblo indígena, no podría nunca, cualquiera sea el delito, y la gravedad del delito, cumplir una sentencia condenatoria en un recinto carcelario, y creemos que eso va en contra del objetivo de prevención general que tienen las penas en nuestro país", agregó.
También concluyó diciendo que "creemos que también es compartido no solo por la gran mayoría de la ciudadanía sino que también por la gran mayoría de los pueblos originarios".
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