El aumento de estas en el espacio público, a través de drones, robots o globos aerostáticos ha encendido el debate sobre qué tan vigilados viven los ciudadanos.
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En la capital existen más de 3 mil cámaras de vigilancia que registran desde accidentes vehiculares, peleas, asaltos o transacciones de drogas, las que muchas veces resultan fundamentales para esclarecer investigaciones policiales.
El aumento de estas en el espacio público, a través de drones, robots o globos aerostáticos ha encendido el debate sobre qué tan vigilados viven los ciudadanos.
Sin ir más lejos en la vía pública las personas están expuestas a aparatos administrados por municipalidades, autopistas, Carabineros, la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT), así como en el Metro, en condominios, edificios, supermercados y empresas.
Cabe recordar que hace una semana una mujer de Quintero vio afectada su privacidad luego que imágenes captadas por cámaras de vigilancia justo a su amante llegaran a manos de su marido.
Lo anterior motivó que el Consejo para la Transparencia iniciara una investigación en esa oficina comunal. El presidente de la institución señaló a El Mercurio que evalúan actualizar las recomendaciones sobre protocolos y asesorar a todos los municipios.
En cuanto a la distribución de los aparatos de televigilancia cabe destacar que no es equitativo, ya que por ejemplo las calles de Santiago y Las Condes acumulan más de 800 cámaras de vigilancia. Cifra muy superior a las que presentan los municipios de Cerro Navia, Pedro Aguirre Cerda, La Granja y Macul que no presenta aparatos.
Cada aparato bordea los $13 millones, costo que aumenta en unos $5 millones cuando se les agrega tecnología de reconocimiento facial.
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