Entre los pilares anunciados se encuentran el combatir con mayor severidad las colusiones, la corrupción, los delitos económicos y los delitos electorales.
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El presidente Sebastián Piñera presentó este viernes el primer pilar de la Agenda Antiabusos, con la que el Gobierno busca castigar los delitos económicos y de corrupción, denominados como "delitos de cuello y corbata".
Al respecto, el Gobierno ingresará al Parlamento cuatro proyectos de ley, que sancionarán a quienes usen información privilegiada en el mercado financiero, también a los que se coludan para aumentar los precios y que aumentarán las penas para la corrupción y los delitos electorales.
"Aumentan las penas y establecen, en algunos casos cuando los delitos son especialmente graves, prisión efectiva como una forma de disuadir, de prevenir, que sigan existiendo conductas de carteles, colusiones o anticompetitivos que perjudican a todos los chilenos", detalló Piñera.
Entre los pilares anunciados se encuentran el combatir con mayor severidad las colusiones, la corrupción, los delitos económicos y los delitos electorales u otros abusos; mejor protección de los derechos de los consumidores; y mejor protección de los derechos de los trabajadores.
Aumento de penas por colusión bienes y servicios de primera necesidad.
La pena actual para el delito de colusión va desde los tres años y un día a los 10 años. Se propone que para casos de bienes o servicios de primera necesidad la pena parta en 5 años y un día, manteniéndose el máximo de 10 años.
Nuevas herramientas para fortalecer la investigación de carteles por parte de la Fiscalía Nacional Económica (FNE)
Se propone dar a la FNE la facultad del alzamiento del secreto y de la reserva bancaria; nuevos medios técnicos de investigación como fotografías, filmaciones o grabaciones y medidas para resguardar la evidencia electrónica.
Denunciante anónimo ante la FNE
El proyecto incorpora la figura del denunciante anónimo en el contexto de libre competencia. El proyecto agrega una obligación a la FNE de mantener la reserva de la identidad del denunciante en caso de que así sea solicitado, cumpliendo las condiciones mínimas de la denuncia. Se incluyen sanciones graves para quienes utilizan maliciosamente este instrumento.
Aumento de penas y multas por uso de información privilegiada y otros abusos en el mercado de valores.
Se modifica la Ley de Valores para subir la pena actual de distintas conductas de abuso de mercado. Información privilegiada, fraudes y alteración de documentos, aumentan su pena desde presidio menor en cualquier de sus grados (61 días a 5 años y un día) a presidio menor en su grado medio hasta presidio mayor en su grado mínimo (541 días a 10 años y un día).
Además, se propone aumentar el máximo de multas a imponer por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) desde 15.000 UF a 100.000 UF, lo que implica multiplicar por 7 el máximo de la multa actual.
Establecer "periodos de bloqueo" asociados al uso de información privilegiada
La idea es explicitar que directores, gerentes, principales ejecutivos y sus parientes hasta segundo grado no podrán efectuar transacciones de valores del emisor en los 30 días anteriores a la divulgación de Estados Financieros.
Denunciante anónimo ante la Comisión para el Mercado Financiero.
Se propone la incorporación de la figura del denunciante anónimo para aquellas personas que, sin haber participado como imputado o víctima en la conducta denunciada, tengan antecedentes desconocidos para la CMF y sustanciales para la investigación. El proyecto entrega protección a dicho denunciante, establece sanciones para quienes divulguen el secreto de la investigación y entrega una recompensa a los denunciantes entre un 10% y un 30% de la multa aplicada, con un máximo de 25.000 UF, aproximadamente 700 millones de pesos.
Se crea un canal de denuncias en la Contraloría General de la República
En él, podrá denunciar cualquier persona, sea este un funcionario público o no. Al momento de hacer la denuncia, se podrá solicitar que se mantenga en reserva la identificación del denunciante, así como cualquier antecedente que sirva para identificarlo. Para que no se abuse de esta herramienta, se agrega una sanción para quienes presenten denuncias falsas.
Foco en corrupción
El canal recibirá denuncias sobre hechos constitutivos de infracciones disciplinarias o administrativas, así como hechos asociados a corrupción o que afectasen recursos públicos. En caso de recibir hechos que constituyan delito, deberá remitir los antecedentes al Ministerio Público.
Tratamiento de la reserva
En el caso de que el denunciante solicite la reserva, la identidad del denunciante deberá ser resguardada en todo momento por la Contraloría. Ello implica que, de remitir los antecedentes a otra institución, deberá reservarse para sí la identidad del denunciante y resguardar que ésta no se pueda inferir de la información entregada.
Medidas preventivas de protección
Los funcionarios públicos que realicen denuncias en el nuevo canal podrán, en caso de que la reserva no sea suficiente resguardo, solicitar a la Contraloría establezca medidas de resguardo.
Actualmente el plazo de prescripción para los delitos electorales es de 2 años, a diferencia de la regla general de 5 años. Se propone eliminar la disposición especial, para que los delitos electorales queden regulados con el mismo plazo de prescripción que el resto de los ilícitos de esta gravedad, esto es, de 5 años.
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