Los parlamentarios presentarán un requerimiento para que se inicie una investigación en el hospital San José de Melipilla respecto del incidente denunciado por tres carabineros a quienes se les habría negado la atención médica.
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La bancada de diputados de Renovación Nacional presentará un requerimiento en Contraloría con el fin de que inicie una investigación en el hospital San José de Melipilla respecto del incidente denunciado por tres carabineros en contra de un médico de Urgencia, a quien acusan de haberles negado la atención médica.
En este sentido, los legisladores pidieron a la entidad fiscalizadora que aplique las sanciones más severas, sin descartar la destitución del médico venezolano Rubén, quien es el profesional denunciado por la institución uniformada.
Los parlamentarios RN hacen hincapié en que "el concepto de probidad en la función pública abarca muchos aspectos e impone un estándar ideal del comportamiento del servidor público que también se refiere con el ejercicio de una gestión apegada al derecho, eficiente y eficaz; que contribuya a materializar los fines de la institución".
"La inobservancia de los principios de legalidad, eficacia y eficiencia -agrega el escrito- pueden llegar a constituir una trasgresión grave del principio de probidad administrativa. De verificarse los hechos denunciados, el accionar del facultativo médico, Rubén Ibarra Sánchez, quien se desempeña a contrata en el Servicio de Salud Metropolitano Occidente, vulneraría los principios antes señalados".
El documento señala que "igualmente, lo ocurrido iría en contra del mandato legal de trato igualitario y digno de toda persona que, padeciendo de una enfermedad, asiste a un centro asistencial en procura de tratamiento médico".
Para los parlamentarios el médico habría vulnerado los artículos 3 y 5 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, como que las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública, así como el derecho al trato digno del paciente "el respeto por su integridad, calidad e individualidad, cualquiera sea la manera en que esta se exprese: sexo, edad, orientación sexual, condición de salud, entre otras".
Finalmente, los diputados aseguraron que: "Si bien es posible que a carabineros u otras personas les asista un sistema de salud en particular, ningún prestador institucional o individual puede negar de plano una atención solo por este motivo, ya que sin duda se está obligado a brindar una asistencia inicial oportuna, evitar cualquier riesgo crítico de salud para el paciente y, sólo tras ello, efectuar las derivaciones que sean procedentes.
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