Andrés Mahnk dijo que esta medida cautelar ha mantenido una tendencia al alza en los últimos años, afectando en 2018 a 29.565 personas.
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El defensor nacional público Andrés Mahnke rindió este miércoles su balance de gestión 2018, en el marco de la Cuarta Feria de Derechos Ciudadanos organizada por la Defensoría Penal Pública y que reunió a 14 instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales (ONG).
Respecto de la prisión preventiva, Mahnke dijo que esta medida cautelar, la más gravosa del sistema, ha mantenido una tendencia al alza en los últimos años, afectando en 2018 a 29.565 personas.
"Sabemos que el uso de esta medida cautelar aumentó un 40,7 por ciento en la última década, período en que también creció un 90 por ciento el número de personas absueltas tras ser sometidas a esta forma de encierro", precisó.
Además, del total de atenciones realizadas el año pasado por la Defensoría, hubo 51.155 imputados que terminaron sus procesos como inocentes o no condenados, lo que equivale al 15,5 por ciento del total de términos del período.
Del total de inocentes o no condenados del año pasado, 3.153 personas -correspondientes al 6,2 por ciento del total- debieron pasar diversos períodos en prisión preventiva.
Según Mahnke, en 2018 la defensoría atendió a 19.330 menores de edad, de los cuales el 83,3 por ciento recibió la atención de un defensor penal juvenil especializado.
Agregó que desde 2011, cuando los jóvenes atendidos sumaron 34.873, los ingresos de este segmento han bajado un 44 por ciento, en una tendencia decreciente que se mantiene desde entonces y que solo de 2017 a 2018 fue de 13 por ciento.
Andrés Mahnke destacó que de acuerdo con las estadísticas entregadas por el Ministerio Público, del total de jóvenes que ingresó en 2018 al sistema penal, el 17 por ciento concentró más de la mitad del total de los delitos cometidos en ese período por este grupo etáreo.
"Como se observa, el grupo de mayor trayectoria delictual ya está identificado, es reducido, concentra múltiples ingresos al sistema y, dado su grado de compromiso criminógeno, la eficacia para la prevención y persecución penal de su actuación requiere de procedimientos policiales de investigación focalizados y específicos", precisó.
En este sentido, se mostró contrario a los controles preventivos de identidad que desde 2016 se realizan a adultos, iniciativa que podría ampliarse a menores de edad de aprobarse un proyecto de ley que hoy se debate en el Congreso.
Mahnke explicó que no se trata de "negar que la delincuencia adulta o juvenil existan, minimizar sus dañinos efectos o sostener una mirada ingenua sobre las formas de resolverlo. Hablamos de mirar la evidencia y actuar en consecuencia, apartarnos de una percepción general evidentemente errada y trabajar más bien en orientarla de modo informado".
Agregó que en este debate de fondo, "más que restringir o afectar los derechos colectivos de millones de jóvenes, lo que se requiere con urgencia es focalizar los recursos del Estado precisamente en ese grupo de 4.807 infractores de ley, sus entornos y abordar efectivamente las conocidas causas de su intensa participación delictual".
Al revisar las cifras asociadas a imputados indígenas y migrantes, la autoridad destacó que durante 2018 la Defensoría atendió a 8.948 personas pertenecientes a etnias originarias, lo que representó el 2,8 por ciento del total de ingresos de la institución, y que la cobertura especializada a este grupo alcanzó el 83 por ciento.
Respecto de los migrantes, los imputados atendidos por la institución durante el año pasado sumaron 9.445 personas, que representaron el 3 por ciento del total de ingresos.
Sobre estos grupos vulnerables, Andrés Mahnke alertó sobre la discriminación que pesa sobre ellos y que se ve reflejada en el uso de la prisión preventiva, cuya alza sostenida de la última década también ha afectado a este grupo de población.
PURANOTICIA
