El proyecto apunta al fortalecimiento institucional, sus atribuciones, su orgánica y a las condiciones que el Consejo de Defensa del Estado requiere.
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El Consejo de Defensa del Estado (CDE) calificó como "buena noticia" el ingreso del proyecto de ley que busca modificar aspectos sustantivos del organismo encargado de la defensa de los intereses del fisco en causas judiciales.
Según el CDE, "hemos contribuido estrechamente durante su etapa de formulación, a cargo del Ministerio de Justicia, y al que esperamos continuar aportando en sus aspectos particulares, durante su análisis en el Parlamento".
El proyecto apunta al fortalecimiento institucional, sus atribuciones, su orgánica y a las condiciones que el CDE requiere, "para mantener sus altos estándares judiciales, objetivo que se concreta con fallos favorables al interés público, que es el interés de todos los chilenos, y que esperamos se siga concretando con la nueva ley", según indicó.
"Hoy, la labor del CDE adquiere carácter urgente para el propósito de asegurar que los recursos fiscales se destinen al financiamiento de las medidas y políticas públicas que el país necesita implementar", añadió en una declaración.
"Quienes lo conformamos tenemos la convicción que su importante labor de protección de la fe pública, el combate contra la corrupción y el respeto del Estado de Derecho son objetivos comunes que se fortalecerán con la nueva ley, de modo de continuar colaborando en la satisfacción de las exigentes necesidades que estos tiempos le imponen al Estado", concluyó.
La iniciativa legal, ingresada ayer al Congreso, establece diversas medidas, tales como restringir la duración en el cargo del abogado consejero a 10 años o hasta cumplir los 75 años de edad, eliminando los cupos vitalicios.
Asimismo, establece nuevos requisitos para ser abogado consejero, y modifica el actual sistema de nombramiento los mismos, quienes ahora tendrán que pasar por un concurso público, para que luego el Consejo de Alta Dirección Pública presente una quina al Presidente de la República, quien finalmente elegirá.
Además, el proyecto presentado establece un procedimiento de remoción de los abogados consejeros con causales determinadas, el que puede ser solicitado por el Presidente o por un tercio de la Cámara de Diputados. Dicha solicitud será resuelta por la Corte Suprema, luego de un procedimiento regulado por ley.
Las causales de remoción serán: incapacidad física o psíquica, notable abandono de deberes, negligencia manifiesta e inexcusable en el ejercicio de sus funciones, o por haber incurrido en alguna de las prohibiciones que establece la ley.
En otro aspecto, la iniciativa legal establece la obligación de tener una dedicación prioritaria en sus funciones para los abogados consejeros y los abogados procuradores fiscales. No podrán, por ejemplo, tener otros cargos remunerados con fondos del Estado; no podrán celebrar contratos con el sector público que signifiquen la prestación de sus servicios; tampoco podrán participar en propiedad de empresas y sociedades que presten servicios jurídicos al sector público, entre otras limitaciones.
PURANOTICIA
