El ex vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, recibió 13 años de prisión por sedición y malversación, la más dura de las penas contra los 12 separatistas.
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Nueve líderes independentistas catalanes fueron condenados este lunes a penas de entre 9 y 13 años de cárcel tras el fracasado intento de secesión del 2017. La sentencia devuelve la demanda catalana al centro del debate político, a pocas semanas de las elecciones legislativas del 10 de noviembre en España.
El ex vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, recibió 13 años de prisión por sedición y malversación, la más dura de las penas contra los 12 separatistas procesados de febrero a junio por el Tribunal Supremo, en Madrid.
Los jueces descartaron la acusación de rebelión elevada por la fiscalía, que había solicitado 25 años de prisión contra Junqueras, líder del partido Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), principal acusado en este juicio histórico en ausencia de Puigdemont.
Otros ocho independentistas, en algunos casos encarcelados desde hace casi dos años, recibieron condenas de 9 a 12 años de prisión por sedición, y algunos de ellos, por malversación.
Son la ex presidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell (11 años y medio), el ex presidente y presidente de las influyentes asociaciones independentistas ANC y Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart (9 años para cada uno), y cinco antiguos ministros regionales.
Los tres restantes son ex miembros del gobierno catalán de Puigdemont, que estaban en libertad condicional y fueron condenados cada uno a una multa de 60.000 euros por el delito de desobediencia.
Los 12 fueron juzgados por haber organizado el 1 de octubre un referéndum de autodeterminación ilegal, marcado por imágenes de violencia policial que dieron la vuelta al mundo, y la proclamación el 27 de ese mes en el Parlamento regional de una "República catalana" que nunca se materializó.
El juicio tuvo como epicentro la cuestión de si hubo o no violencia, una noción que sustentaba el cargo de rebelión presentado por la fiscalía contra nueve de los acusados.
En su sentencia, el Supremo dio por "probada la existencia de violencia". Sin embargo, esta careció de "funcionalidad", y "el Estado mantuvo en todo momento el control de la fuerza, militar, policial, jurisdiccional e incluso social", lo que convirtió el propósito independentista "en una mera quimera".
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