24 horas dio la Corte para que la Municipalidad de San Felipe se pronuncie sí ha sacado ó no del cargo al considerado la "mano derecha" del alcalde Patricio Freire.
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Un complejo escenario podría vivir en los próximos días uno de los "hombres fuertes" tras la gestión municipal del alcalde Patricio Freire al mando de la Municipalidad de San Felipe, se trata de su administrador municipal Patricio González.
Patricio González por votación del consejo municipal fue removido de su cargo, pero desde aquel momento comenzó una serie de eventos judiciales que dilataron tal medida hasta este pasado jueves 14 de mayo, cuando la Corte de Valparaíso le da 24 horas tanto a la Contraloría Regional de Valparaíso como a la Municipalidad de San Felipe para que informen el cumplimiento a una sentencia pronunciada por la Corte Suprema que deja en claro que efectivamente la "mano derecha" del alcalde Freire debe dejar su cargo.
Uno de los mayores detractores de la gestión de Patricio Freire, el concejal Cristian Beals quien además tiene intensiones de postularse a la alcaldía de San Felipe, presentó un recurso de protección en primera instancia a la Corte de Apelaciones en contra de la Contraloría General de la República quien mencionaba que para sacar de su cargo a la administrador municipal debían contar necesariamente con el voto del alcalde.
Si bien en primera instancia los tribunales dieron la razón a la Contraloría, en segunda instancia la Corte Suprema finalmente le da la razón a la versión planteada por los abogados del Concejal Beals.
En el noveno punto de aquella sentencia de Diciembre del 2018 que el pasado jueves la Corte solicita se le informe sí se ha dado cumplimiento o no, establece que "la designación del Administrador Municipal depende exclusivamente del Alcalde respectivo, en tanto que su remoción puede ser decidida tanto por aquel que lo nombró como por "acuerdo de los dos tercios de los concejales en ejercicio", alusión esta última que debe entenderse en el contexto de la propia Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que en su artículo 72 precisa que el Concejo está formado por "concejales" y no por el Alcalde; que en su artículo 63 aclara que el Alcalde está facultado para presidir el Concejo, con derecho a voto, lo que denota, más allá de toda duda, que carece de la calidad de Concejal, pues de lo contrario sería innecesario reconocer expresamente su derecho a votar en él".
El décimo punto de aquella sentencia es aún más clarificador y dice "Que conforme a lo expuesto, resulta que el actuar de la autoridad recurrida, constituye un acto ilegal y arbitrario, al establecer que el Alcalde debe ser considerado en la formación del quórum requerido para adoptar la decisión de remover al Administrador Municipal, actuación que afecta la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política".
Agregando que con estos antecedentes "se revoca la sentencia apelada de veintidós de agosto de dos mil dieciocho y, en cambio, se declara que se acoge el recurso de protección deducido por Christian Beals Campos y, en consecuencia, se deja sin efecto el Dictamen N° 6.355 de 13 de junio de 2018 de la Contraloría Regional de Valparaíso".
Pese a que el concejo municipal de San Felipe decidió el año 2018 por 4 votos contra 3 incluido el del alcalde Patricio Freire remover al administrador municipal Patricio González y luego que la propia Corte Suprema solicitará dejar sin efecto el dictamen de la Contraloría que decía que debía contar con el voto del alcalde para que dejara su puesto el administrador municipal, lo concreto es que a Mayo del 2020, Patricio González sigue en el cargo.
En el camino desde diciembre del 2018 hasta mediados del 2020 González no solo ha seguido en el cargo sino que ha cumplido un rol fundamental en una serie de acciones que están colocando en jaque y develando serias dudas en el actuar administrativo de la gestión del alcalde Patricio Freire, uno de ellos es el acuerdo firmado con la empresa que hizo cambio de luminarias en la ciudad como es Citelum.
Contraloría no solo está cuestionando la validez del contrato suscrito con la empresa sino que además dice no tener antecedentes que avalen efectivamente se haya invertido los dineros que dice el municipio que canceló, es decir no existe rendiciones suficientes, rol que debería haber cumplido justamente el administrador municipal.
En lo concreto, luego de un nuevo pronunciamiento de la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el pasado jueves 14 de mayo del 2020, dispuso oficiar para que tanto la Contraloría Regional como la Municipalidad de San Felipe informaran del cumplimiento de la sentencia del recurso otorgando un plazo de solo 24 horas para que se informe del cumplimiento.
Así, el viejo refrán de que no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague parece cobrar fuerza al interior de la Municipalidad de San Felipe, con la inminente salida del Administrador Municipal que debería concretarse en muy breve tiempo, eso sí en San Felipe cumplen los que dicen los tribunales de justicia.
PURANOTICIA
