Las irregularidades que Contraloría detectó en concesión de estacionamientos en Valparaíso

Investigación detectó cláusulas desventajosas para el municipio, plazos prescritos sin pago de multas, explotación de estacionamientos en superficie, modificaciones de contrato y extensión de concesión a 30 años, entre otros casos.
Las irregularidades que Contraloría detectó en concesión de estacionamientos en Valparaíso
Regiones , Martes 11 de junio de 2019 a las 08:09 horas

El año 2004, antes de finalizar su tercer periodo al mando de la Municipalidad de Valparaíso, el alcalde Hernán Pinto (DC), entregó la concesión de uno de los proyectos más significativos para la ciudad a la empresa Auto Orden S.A.: la construcción de estacionamientos subterráneos en plaza O'Higgins. Cuatro años después, y ya bajo la administración de Aldo Cornejo (DC), el contrato fue cedido a Consorcio Valparaíso S.A.

Fue justamente durante este periodo donde se detectó una primera irregularidad por parte de la Contraloría General de la República, según quedó de manifiesto en su Informe Final de Investigación Especial N° 16 de 2019: la tarifa pagada no se habría ajustado a la estipulada en la cláusula de acuerdo de voluntades.

Además, la investigación determinó cláusulas desventajosas para el municipio de Valparaíso, plazos prescritos sin haber pagado ninguna multa, explotación de estacionamientos en superficie sin haber iniciado las obras en el subterráneo, modificaciones de contrato y la extensión de una concesión a 30 años.

Esta situación fue detectada a raíz de la investigación solicitada por el diputado Osvaldo Urrutia (UDI), quien pidió indagar eventuales irregularidades cometidas por la Municipalidad de Valparaíso, en cuanto al control del cumplimiento de los contratos de concesión de estacionamientos suscritos con Auto Orden S.A. y Consorcio Valparaíso S.A..

IRREGULARIDADES

Así fue como la investigación de Contraloría verificó que los derechos de concesión de diciembre de 2013 y octubre, noviembre y diciembre de 2014, ya bajo la administración del ex alcalde Jorge Castro (UDI), fueron pagados con 46 meses de retraso, infringiendo un punto de las bases administrativas, sin que se advierta la realización de acciones de cobranza por parte del municipio.

También se detectó que la empresa Consorcio Valparaíso S.A. sobreexplotó los cupos de estacionamientos que administraba bajo dos contratos. En ambos casos se comprobó que el municipio no gestionó el pago de los derechos municipales adeudados por la sobreexplotación.

También se constató que el proyecto, que sigue en ejecución, ha sido sustancialmente alterado respecto del que fue adjudicado. Así fue como se determinó que se disminuyeron las obras de remodelación del pasaje Juana Ross y del costado del Congreso Nacional, por calle Victoria, sin que conste su formalización ni compensación con otras obras

Por estas razones, el órgano fiscalizador señala que la Municipalidad de Valparaíso, liderado hoy por el alcalde Jorge Sharp (FA), deberá iniciar un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades de los funcionarios. A ello, se suman más irregularidades: por ejemplo, Contraloría no pudo acreditar que el municipio haya cursado o cobrado multas a la empresa por los incumplimientos de contrato.

MUNICIPIO NO FISCALIZÓ

Se verificó también que Consorcio Valparaíso S.A. pagó los derechos de concesión con hasta 865 días de atraso, sin que conste el cobro de intereses corrientes por parte del municipio.

Junto a las anomalías en los contratos de concesión, la Contraloría también determinó problemas en la fiscalización que debió realizar la municipalidad porteña. El informe plantea que la entidad edilicia "no desempeñó de forma eficiente su función fiscalizadora" ni designó dos funcionarios para tales labores, como originalmente se había previsto.

También se encontraron debilidades en los controles sobre los ingresos percibidos por el municipio en la concesión de los estacionamientos de plaza O'Higgins, ya que se detectaron diferencias en el valor de la UF utilizada para su cómputo.

Finalmente, no consta que el contrato del proyecto, y su modificación, hayan sido sancionados a través del acto administrativo, por lo que el municipio deberá remitir ese documento, en el plazo de 60 días hábiles.

(Imagen de referencia)

PURANOTICIA

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