Mediante un convenio firmado el 2015 con la empresa Gestión Inmobiliaria y Rellenos Controlados Henao E.I.R.L, Carabineros autorizó depositar escombros y basura en el predio del Grupo Viña del Mar de su Escuela de Formación.
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El 19 de abril del año 2017, un vecino de Viña del Mar tomó su teléfono celular para grabar a personal de Carabineros de Viña del Mar lanzando, desde una patrulla, una gran cantidad de basura hacia una quebrada ubicada en los terrenos pertenecientes a la Escuela de Formación de la institución, ubicada en el sector de Gómez Carreño. Esta situación derivó en una denuncia de presunta golpiza por parte de los efectivos policiales hacia el hombre que grabó el hecho.
"Me subieron al furgón policial entre dos carabineros y me golpearon durante mucho rato. Después me bajaron y un capitán decía 'este es el hueón (sic) que nos está grabando. Quítenle el celular', mientras me seguían pegando", denunció en aquella oportunidad Luis González, vecino del sector de Forestal Alto.
A partir de esta situación -que incluyó la intervención del propio ministro del Interior de entonces, Mario Fernández, quien se comprometió ante parlamentarios PPD a que iba a investigar la situación y aplicar las medidas correspondientes- el tema fue seguido de cerca por parte de la ONG Vivir Sin Delincuencia, cuya cúpula acudió a la Contraloría Regional de Valparaíso para denunciar presuntas irregularidades cometidas por Carabineros en la celebración de un convenio con la empresa Gestión Inmobiliaria y Rellenos Controlados Henao E.I.R.L (Henao), para que ésta depositara escombros y basura en el predio del Grupo Viña del Mar de la Escuela de Formación "Alguacil Mayor Juan Gómez de Almagro".
En síntesis, los denunciantes acusaron el ingreso de camiones de la empresa Henao al Grupo de Formación de Carabineros, con el fin de depositar todo tipo de desechos, lo que ha provocado daño en las quebradas, con un consiguiente peligro de aluvión. De igual forma, manifestaron que los uniformados implicados en la celebración del convenio recibirían dinero de forma irregular y que la actividad se realizaría sin los pertinentes permisos sanitarios y municipales.
A partir de esta denuncia, efectuada en junio de 2019, la Contraloría inició una investigación, que entregó sus resultados mediante el Informe Final de Investigación Especial N° 655, de 2019, al cual Puranoticia.cl tuvo acceso, y que en una primera parte indica que no se advirtieron acciones que hagan presumir eventuales faltas a la probidad relacionadas a la percepción de dinero u otras, como posibles vínculos de parentesco y/o societarios entre las partes.
No obstante, se constató que Carabineros y la empresa Henao suscribieron un "Convenio de Donación de Bienes y Servicios" el 17 de junio de 2015, el cual, en una de sus cláusulas, dispuso que la firma se comprometía a depositar un volumen geométrico de 150.000 m3 de relleno, en el sector de quebradas y pendientes del Grupo de Formación en Viña del Mar, consistente en material de excavaciones y de demolición, y materiales limpios de basuras domésticas y líquidos peligrosos. En otra cláusula, se comprometieron a construir un camino de 715 metros de longitud en el lugar.
La investigación de Contraloría estableció que la V Zona de Carabineros de Valparaíso y su Dirección de Logística "no mantenían controles ni efectuaron fiscalizaciones que permitieran verificar el tipo y cantidad de material depositado en el relleno" ubicado en el predio de la Escuela de Formación, incumpliendo así el principio de control previsto en el artículo 3º de la ley N° 18.785, que establece normas para la construcción de obras de exclusivo carácter policial.
Frente a esta situación, la policía uniformada deberá elaborar los manuales e instructivos que correspondan para la fiscalización de los contratos, cuya implementación o informe de avance deberá informar al organismo fiscalizador.
Otra anomalía detectada dice relación con el hecho de que las unidades policiales "no aportaron antecedentes que justificaran la necesidad de aumentar la superficie del predio hacia el sector donde se encuentra el relleno cuestionado". Esto, en referencia a proyectos debidamente evaluados y documentados, estudios topográficos, de mecánica de suelos, planos, correos, minutas, actas de reunión y/o coordinación acerca de las actividades proyectadas en el lugar.
Este hecho -según dictamina Contraloría- transgrede lo dispuesto en el decreto exento N° 19, de 1978, y el decreto ley N° 1.939, de 1977, por lo que Carabineros deberá incorporar esta materia en el sumario administrativo que se encuentra en curso, de manera de determinar las eventuales responsabilidades funcionarias de quienes suscribieron dicho convenio y participaron de su fiscalización.
Teniendo como premisa que la ley establece que normas para la construcción de obras de exclusivo carácter policial y que dichas obras se ejecutarán mediante contratos adjudicados por propuesta pública, y que sólo en casos excepcionales se podrán ejecutar por propuesta privada o por trato directo, se detectó que Carabineros no procedió mediante una propuesta pública.
Junto a establecer que la V Zona de Carabineros de Valparalso eligió a la empresa Henao para ejecutar un relleno y un camino al margen de la ley N° 18.785, también el ente fiscalizador consigna en su Informe Final que la firma habría ahorrado una suma estimada de $622.324.000 ($4.000/m3), respecto del costo que le hubiese significado haber dispuesto ese material en un botadero autorizado, y de $16.740.000 aproximadamente, por concepto de transporte de 620 m3 de basura domiciliaria ($27.000/m3).
Todas estas situaciones antes mencionadas fueron puestas en conocimiento, tanto de la V Zona como de la Dirección de Logística de Carabineros, el pasado 5 de septiembre de 2019. No obstante, en sus respectivas respuestas, ninguna de estas unidades se pronunciaron en términos específicos sobre lo observado, limitándose sólo a indicar que no se advirtieron eventuales faltas a la probidad. Frente a esto, Contraloría determinó mantener la observación.
Y otro hecho significativo que deriva de esta anomalía indica que se estimó necesario remitir el presente Informe Final de Contraloría al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, para el ejercicio de sus competencias propias.
La operación de este relleno en terrenos de la Escuela de Formación de Carabineros en Viña del Mar no sólo arrastró problemas administrativos y económicos, sino que un punto no menor en cuestión habla de los problemas sanitarios que un espacio como éste podría causar al lugar donde está establecido.
En ese sentido, el organismo de control expuso que el relleno "no se ajusta a la normativa sanitaria contenida en el Código Sanitario, decreto N° 189, de 2008, del Ministerio de Salud, y en el convenio".
En este contexto, tras una inspección realizada el 8 de mayo de 2019, la Seremi de Salud de Valparaíso concluyó que existía un sector de quebrada en el que se depositó material de relleno constituido, principalmente, por escombros de hormigón y tierra, sin encontrar material que representara riesgo sanitario.
Dicha situación resulta contradictoria respecto de lo expresado por un informe de Carabineros, el cual señala que se debe hacer un barrido completo al relleno para extraer una cantidad aproximada de 620 m3 de basura, consistente en ramas, muebles, tambores, ropa y desechos domiciliarios, entre otros.
Además, personal de Contraloría acudió al recinto el 13 de agosto de 2019, constatando que el área plana superior del relleno fue ejecutado con material de escombros y tierra, mientras que en la parte inferior se encontró basura como pañales, botellas, bolsas con residuos domiciliarios, envases, tubos y otros, los que se encontraban semienterrados o expuestos en la superficie del terreno, dando cuenta que el terreno fue utilizado para la disposición final de residuos de diversa naturaleza, al margen de la normativa sanitaria.
Por estos motivos, el Informe Final de Contraloría fue remitido a la Seremi de Salud de Valparaíso para que efectúe una nueva fiscalización y dé inicio a un sumario sanitario, en caso de proceder.
Mediante un informe técnico de fiscalización, realizado el 2017 por la Dirección General de Aguas (DGA), se indicó que la obra en terrenos policiales podría eventualmente obstruir el libre escurrimiento de las aguas en periodos de crecidas invernales, afectando la salud y bienes de la población inserta a 665 metros aguas arriba del punto fiscalizado.
De igual forma, el Departamento de Cuarteles L1 de Carabineros ha realizado este 2019 una serie de estudios para analizar las medidas de mitigación necesarias para evitar impactos negativos del relleno, cuyos informes incluyen una estimación económica de las medidas propuestas (ver recuadro). Sin embargo, pese a las acciones para medir el impacto -tanto económico como medioambiental- Contraloría dictaminó que "no consta que algunas de ellas hayan sido aplicadas para mitigar sus consecuencias para el sector y la población adyacente".
Respecto de posibles desprendimientos de material hacia el estero de Reñaca, la Dirección de Logística de Carabineros informó que se requirió al Departamento de Cuarteles L1 intervenir y evaluar la situación, unidad policial que determinó que la empresa suscriptora del convenio incumplió lo presentado ante la Municipalidad de Viña del Mar al momento de obtener el permiso de obras y lo informado a la institución uniformada.
Teniendo en cuenta que a la fecha no se acredita el inicio de trabajos de mitigación para evitar daños ambientales, Contraloría instó a las entidades investigadas a "efectuar las acciones pertinentes a fin de corregir los daños provocados por la empresa Henao". Además, deberán confirmar, mediante un estudio técnico de ingeniería, que las medidas adoptadas aseguran que el relleno no representa riesgo para la población y para el medio ambiente, una vez terminadas las labores.
Debido a todas estas irregularidades antes expuestas, Contraloría decidió remitir su Informe Final a la Fiscalía Local de Valparaíso para que, dentro de sus atribuciones, "pondere la eventual comisión de delitos".
Asimismo, será enviado al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que "evalúe iniciar acciones legales por las presuntas responsabilidades civiles que pudieran resultar de los hechos descritos".
Esto, teniendo en cuenta que los funcionarios que participaron en la aprobación del convenio con la empresa Henao se encuentran en retiro, por lo que "no es posible la persecución de sus eventuales responsabilidades administrativas", según consigna el informe de Contraloría.
PURANOTICIA
