La causa se inició tras la querella presentada por Huertos de Catemu y quedó en manos del fiscal José Morales, quien ya formalizó a dos personas vinculadas al holding.
visitas
Desde el año 2016, el Ministerio Público se encuentra investigando a ejecutivos de la minera Amalia, propiedad controlada por Cemin, del empresario Juan Rassmuss Raier (mayor accionista de CAP), por presuntamente falsificar información y entregar documentos y testimonios falsos al 2º Tribunal Ambiental, en el marco de una demanda por daño ambiental del año 2014.
Todo comenzó con una querella presentada por la empresa agrícola Huertos de Catemu (controlada por la familia Griffin), en contra de Patricia García Merino, Isabel Franco Pastén y Héctor Vilches Órdenes -y a sus abogados Eugenio Ramírez y Andrés Rabat- por su eventual participación en la entrega de medios de prueba falsos, vale decir, presuntos autores del delito de perjurio o falso testimonio.
En medio del proceso, la Fiscalía estableció que existen pruebas suficientes para determinar la participación de Patricia García Merino e Isabel Franco Pastén, quienes fueron formalizadas el pasado 17 de junio, fijando en 90 días el plazo para la investigación.
Junto a ello, el Ministerio Público determinó que ambas se concertaron para dar antecedentes falsos en su declaración, además de documentos alterados, lo que derivó en que el Tribunal Ambiental no pudiera acreditar daños ambientales atribuibles a la firma y, por consiguiente, desestimar la demanda de Huertos de Catemu, que acusaba que las operaciones de minera Amalia dañaron su territorio y mermaron su producción.
El abogado Ignacio Pinto, querellante y representante de Ana María Osorio, una de las vecinas víctimas de la contaminación, dijo que "los hechos imputados corresponden a la participación que les cabría a ambas mujeres -una en su calidad de gerente de la empresa y otra a cargo de la administración de la misma- en haber falsificado información y documentación, y haber dado testimonios falsos en un proceso seguido ante el Tribunal Medioambiental de Santiago".
Asimismo, agregó que "nuestra intención es poder llegar a juicio y así, acreditar los hechos", enfatizando que "esperamos que también puedan ser formalizados los abogados y el dueño de la compañía, quienes deben haber estado en conocimiento de esta presentación de antecedentes falsos en un juicio".
Cabe señalar que las imputadas arriesgan una pena que parte en 61 días y que llega a los tres años. No obstante, si se determina que la zona contaminada es protegida, las penas aumentan a cinco años.
Ahora, en tanto, se espera que la Fiscalía presente nuevas solicitudes de formalización, lo que aumentaría el número de imputados que podrían ser llevados a juicio.
(Imagen: Cemin Holding Minero)
PURANOTICIA
