Corporación Municipal habría generado ingresos por $180 millones al vender colaciones, hechas por los mismos alumnos, a 37 escuelas de la Cormuval.
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La defensora de los Derechos de la Niñez, Patricia Muñoz, ingresó una denuncia en la Fiscalía Regional de Valparaíso por posible administración irregular de fondos públicos, con ocasión de la eventual vulneración a los derechos de estudiantes, quienes fueron obligados a trabajar de manera no remunerada al interior del Liceo Técnico de Valparaíso, dependiente de la la Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Valparaíso (Cormuval).
Los antecedentes fueron entregados por el diputado Andrés Celis (RN), quien el 31 de mayo ofició a la Defensora, manifestando su preocupación por estos potenciales hechos atentatorios a los derechos consagrados en la Convención de los Derechos del Niño. En el momento, el parlamentario realizó también la respectiva denuncia en la Contraloría Regional de Valparaíso, por eventuales faltas a la probidad en el ejercicio de la función pública.
La situación, se habría dado durante el 2017 en el Liceo Técnico de Valparaíso, ex Liceo Técnico Femenino A-24, dependiente de la Cormuval, los que habrían generado ingresos por $180 millones al vender colaciones a 37 escuelas pertenecientes a la misma corporación. Los productos, tales como yogurth, manzana y galletas, habrían sido embolsados por estudiantes de la carrera técnica de nivel medio en "Alimentación Colectiva", bajo el pretexto de hacerlo en el ejercicio de sus actividades escolares.
La Defensoría de la Niñez derivó los antecedentes a la fiscal regional, Claudia Perivancich, solicitando que asigne un fiscal para que disponga la investigación correspondiente. Paralelamente, la Defensora solicitó información al alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, en su calidad de presidente del directorio de Cormuval, y al director del Liceo Técnico de Valparaíso, Mario Díaz.
Al respecto, Celis manifestó que "la información que recibí me parece preocupante y por lo mismo oficié a la Defensora de la Niñez, además de recurrir a Contraloría. Lo más grave e indignante de esto es que además de ser jóvenes que desempeñaban labores no remuneradas, lo hacían en condiciones de higiene y de seguridad deficiente, lo que ya fue comprobado por la autoridad de salud regional.
Por lo anterior, continuó diciendo que "la acción ejercida por la Defensora es fundamental, ya que este hecho tiene un sinfín de aristas que deben ser investigadas por todos los órganos competentes. Así, oficié a la Defensoría, a la Contraloría, a la Superintendencia de Educación y a la Seremi de Educación, estos últimos no se han manifestado".
"Es sabido que en la especialidad de alimentación, los alumnos preparan alimentos, mezclan ingredientes, recetas, entre muchas otras labores, sin embargo, lo cierto es que en este caso eran alumnos obligados a embolsar diariamente yogurt, manzanas y galletas, lo que está lejos de constituir labores educacionales, sino que eran propias de una relación laboral, de la que la Cormuval lucraba, utilizando fondos públicos en beneficio personal de los involucrados", agregó.
"Espero que todas las autoridades que fueron involucrados en esta denuncia, la Fiscal Regional, el alcalde de Valparaíso, la Defensora de la Niñez y el propio director del Liceo Técnico, tomen medidas para restituir la legalidad. Demás está decir que como miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, no permitiré que situaciones como las descritas se perpetúen en el tiempo. Como legislador me corresponde no sólo redactar leyes en beneficio de la nación, sino que además, fiscalizar que esas mismas leyes se cumplan y que no sean utilizada en beneficio de unos pocos, sin escrúpulos", finalizó el diputado Celis.
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