Contraloría demandó a Virginia Reginato y a otros 24 funcionarios municipales por pago indebido de $138 millones

Acción de la entidad fiscalizadora, que derivó en un juicio de cuentas, busca que los recursos públicos mal percibidos o mal pagados sean restituidos a las arcas municipales.
Contraloría demandó a Virginia Reginato y a otros 24 funcionarios municipales por pago indebido de $138 millones
Regiones , Viernes 13 de septiembre de 2019 a las 09:03 horas

Con el objetivo de que los recursos públicos mal percibidos o mal pagados sean restituidos, la Contraloría Regional de Valparaíso inició una demanda, que derivó en un juicio de cuentas, contra la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, y otros 24 funcionarios de la Municipalidad, por un monto de $138 millones, según consigna la entidad fiscalizadora en un informe de auditoría de enero de 2019 al cual Puranoticia.cl tuvo acceso.

Pagos excesivos de horas extras, pagos fuera de norma, contrataciones indebidas, dobles funciones municipales, contrataciones por parentesco, información errónea y deuda de facturas, entre otras irregularidades, fueron las que se detectaron en la investigación llevada a cabo el año 2018, en base al comportamiento financiero municipal del año 2017.

Junto a descubrir que a diciembre del año 2017, el déficit en las arcas municipales ascendía a $17.585.250.174, también se determinó la existencia de seis aristas en las que se debían hacer reparos o demandas civiles contra sus responsables, lo cual fue presentado el 2 de julio ante el Tribunal de Cuentas, organismo de la Contraloría, pero que funciona de forma autónoma.

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El primer punto tiene que ver con contratos a honorarios. Según indica Contraloría, "corresponde perseguir en la responsabilidad civil extracontractual de Pablo Staig Araujo (...) de asesorar al alcalde en la administración financiera de los bienes municipales y la de efectuar los pagos municipales y manejar la cuenta bancaria respectiva". Además, se manifiesta que firmó 10 decretos de pago de 2017 sin advertir que no se podía verificar el cumplimiento de las labores contratadas.

El segundo punto dice relación con pagos a la empresa Proexi Ltda., en la que también se menciona a Pablo Staig (ex administrador municipal y hoy director de Asesoría Jurídica), quien fuera director de Administración y Finanzas, respecto a seis decretos de pago de 2015; 10 de 2016; 11 de 2017 y dos de 2018. Dichos servicios se pagaron sin advertir que estaban siendo utilizados por la entidad edilicia viñamarina.

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La tercera arista es la de gastos en representación, protocolo y ceremonial, donde Contraloría apunta a la alcaldesa Virginia Reginato, de quien dice que "no dio cumplimiento a su deber de supervigilancia", por cuanto "no veló que sus subordinados dieran estricto cumplimiento a las norma legales que regulan el desembolso que en definitiva resulta objetado, aun cuando haya delegado la firma de los actos en cuestión", por lo que "corresponde perseguir su responsabilidad civil extracontractual" por "omisión culpable y actuar negligente".

El cuarto punto detectado por la entidad fiscalizadora dice relación con pagos efectuados a la empresa Construcciones y Servicios Siglo Verde S.A., donde también se busca perseguir la responsabilidad civil extracontractual de Reginato por no advertir que los montos referentes a retiro de escombro y ornamentación floral (de la reparación del Reloj de Flores) "no resultan procedentes, atendido que dichos gastos debían ser asumidos por la empresa".

Como quinta arista se encuentran los pagos a favor de la empresa González y Fierro Ltda., donde señalan a Pablo Staig y Luzmira Madariaga (ambos directores de Administración y Finanzas) por "no advertir que se estaba pagando por un número de personal que la empresa en cuestión no proveyó"

Finalmente, el sexto punto en cuestión habla de los pagos efectuados a las empresas Piamonte S.A. y Rene Godoy Cía. Ltda., donde nuevamente Pablo Staig es mencionado por autorizar el pago para usar autopistas concesionadas, siendo que "tales costos eran de cargo de la empresa".

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Por último, cabe señalar que Contraloría notificó a los 25 involucrados, quienes en 15 días hábiles tendrán que contestar la demanda, la que permitirá -en caso de así establecerse- que el funcionario aludido tendrá que devolver el dinero indebido con sus propios recursos.

PURANOTICIA 

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