Además, el concejal Andrés Leiva (UDI) y la ex directora de planificación, Evelyn Pinto, quedaron, además, con arraigo nacional.
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Con la medida cautelar de firma mensual, durante los seis meses que dure la investigación, quedaron los ocho funcionarios de la Municipalidad de La Cruz que fueron formalizados en el Juzgado de Garantía de La Calera, por una presunta malversación de caudales públicos cometida entre enero de 2014 y julio de 2015.
Se trató del concejal Andrés Leiva (UDI); de la ex directora de planificación, Evelyn Pinto; de los funcionarios Eduardo Monsalves y Miriam Reinoso; de la administradora municipal, Javiera Pizarro; de la secretaria de Alcaldía, Magaly de la O; del funcionario de la entonces Dirección de Planificación, y actualmente en el cargo de director regional de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas, Matías Planas; y de otro de la Dirección de Desarrollo Comunitario, Juan Carlos Vergara, quizás uno de los más cercanos a la actual alcaldesa.
Tanto el edil como la ex directora de planificación quedaron, además, con arraigo nacional, ya que resultaron presuntamente beneficiados con contratos a honorarios, con los montos más cuantiosos involucrados en esta eventual acción llevada a cabo.
La formalización dice relación con un informe de la Contraloría Regional de Valparaíso, del año 2016, en el cual se resolvió iniciar un reparo por $387 millones, tras detectarse una serie de pagos improcedentes en la Municipalidad de La Cruz. Dicho informe cuestionó el pago de $23,4 millones al concejal Leiva, durante 18 meses, por no haber adjuntado los informes sobre las actividades que realizó como coordinador de asuntos religiosos y por no ajustarse dicho trabajo a las funciones municipales.
Al respecto, el fiscal de la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) de Valparaíso, Patricio Toro, explicó -según consigna El Observador- que a los imputados "les correspondió prestar supuestos servicios por los cuales percibieron pagos bajo la manera de contrato de honorarios. Lo que se cuestiona es la necesidad de esos servicios, porque varios de ellos formaban parte de sus labores habituales, y, además, se cuestiona también la efectiva realización de ellos".
Respecto al arraigo nacional para el concejal Andrés Leiva y para la ex directora de Planificación, Evelyn Pinto, el persecutor indicó que "ellos resultaron beneficiados con contratos a honorarios, precisamente en los montos más cuantiosos involucrados en estos hechos".
Finalmente, Juan Carlos Manríquez, abogado defensor del concejal Leiva, dijo que "podemos afirmar que no se le ha atribuido a él de manera alguna un engaño. Por el contrario, hemos escuchado de la propia Fiscalía que los trabajos se hicieron, que están acreditados, pero que hasta ahora les parecen que no eran necesarios o no están suficientemente probados. Eso aleja bastante la figura del fraude, lo que nos deja bastante tranquilos".
PURANOTICIA
