El profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Diego Palomo aseguró que el proyecto generará impacto sólo "en el flujo de casos, lo que otra vez derivará en culpar del fracaso al Poder Judicial".
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Más efectista que efectiva es, a juicio del académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, Diego Palomo, la decisión del gobierno de incluir ocho drones para el control y vigilancia de los espacios públicos en la región Metropolitana.
Respecto de la medida, que es parte del proyecto de Televigilancia Móvil del programa de innovación tecnológica de la Subsecretaría de Prevención del Delito, el investigador de la U. de Talca planteó que "por desgracia, todo parece indicar que es otro anuncio para la tribuna, que no generará impacto en la seguridad pública, pero sí en el flujo de casos, lo que otra vez va a derivar en culpar del fracaso a las actuaciones y decisiones del Poder Judicial".
Explicó que, si bien, en principio, el control del espacio urbano es correcto, "el problema es qué haces luego con eso. Así, si todo lo procesas con una respuesta punitiva, te vas a llenar de casos y presos, y no va a impactar en la seguridad pública, que es lo que se debiese buscar".
En esa línea, Palomo señaló que este tipo de herramientas pueden tener positivos resultados, en la medida que se desarrollen como parte de un sistema de gestión inteligente de casos, que a la vez obliga a establecer articulaciones más sofisticadas entre los distintos entes involucrados.
"Si esa tecnología la usas para juntar información que te permite diagramar una política de intervención criminal inteligente, se puede tener grandes resultados desarticulando estructuras delictivas complejas que se nutren a veces de las otras. Pero confiar en ese resultado impone casi un acto de fe dada la experiencia acumulada", expresó.
El académico de la casa de estudios de la región del Maule además expresó su preocupación respecto del uso que se pueda dar a la información que recaben estos drones, en particular en lo que se refiere a resguardar el derecho a la intimidad de las personas.
"Si se usa para atrapar prófugos, mejorar investigaciones de hechos criminales graves, prevenir acciones que pudieran cometer sujetos que tienen antecedentes por graves delitos, es correcto, pero si -por decir algo- lo emplean para saber si un político opositor tiene relaciones extramaritales estamos en problemas", advirtió.
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