Fiscalía Regional del Biobío ingresó una solicitud al Juzgado de Garantía de Talcahuano para formalizar por delitos medioambientales a seis ejecutivos de la empresa.
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El pasado viernes, la Fiscalía Regional del Biobío ingresó una solicitud al Juzgado de Garantía de Talcahuano para formalizar por delitos medioambientales a seis ejecutivos de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) y a un operario de una compañía externa que prestaba servicios a la estatal.
Se trata de los ejecutivos Edmundo Piraino Suez, gerente de ENAP Refinerías Aconcagua; Álvaro Hillerns Velasco, gerente de ENAP Refinerías Biobío; Patricia Cabalá Leiva, jefa del Departamento de Operaciones de ENAP Refinerías Biobío; Juan Pablo Rhodes Valenzuela, jefe del Terminal Marítimo Quintero, ENAP Refinerías Aconcagua; Jorge Farías Fuentes, jefe del Área Marítima de ENAP Refinerías Biobío, y Carlos Lizana Guerrero, jefe del Área Terrestre del Terminal Marítimo Quintero ENAP Refinerías.
Tras esto, diversas autoridades solicitaron que los imputados sean suspendidos de sus funciones, mientras dure la investigación por estos hechos.
Uno de ellos fue el alcalde de Quintero, Mauricio Carrasco, quien indicó a El Mercurio de Valparaíso que "todas las personas que están en este proceso deben ser separadas de sus cargos para que no interfieran en la investigación. Tanto en este caso como en cualquier otro, lo mínimo que hacemos, por ejemplo las municipalidades, es que cuando hay algún director que está comprometido en una investigación es internamente separado del cargo",
En la misma línea, el abogado querellante en esta causa, Remberto Valdés, agregó que "resulta razonable que estas personas dejen de tener influencia dentro de la operación de ENAP durante la investigación".
"Si un gerente general de una compañía trae un veneno tóxico por 68 millones de dólares por un negocio frustrado e invierten más de 7 millones de dólares en poder procesarlo y más encima envenenan, lo menos es que esa persona dé un paso al costado asumiendo su responsabilidad", sostuvo Valdés.
Por su parte, el diputado Diego Ibáñez (CS), que encabezó la Comisión Investigadora por la contaminación en Quintero y Puchuncaví, precisó que "si está abierto un proceso contra ellos, corresponde que sean suspendidos de sus funciones".
Asimismo, el senador Francisco Huenchumilla (DC), apuntó en el mismo sentido al opinar que "la evaluación que uno hace, al menos (los ejecutivos) deberían ser marginados de la toma de decisiones durante el transcurso de la investigación judicial".
Finalmente, Huenchimilla sentenció que la defensa de los imputados debería ser costeada individualmente, ya que si es costeada por ENAP, la estatal se compromete "en las responsabilidades civiles, eventuales y posteriores, responsabilidades que son de la compañía".
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