El recurso está dirigido contra el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, y el fiscal adjunto de la Fiscalía de Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la región de Coquimbo, Ricardo Soto.
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El fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de la región de O'Higgins, Sergio Moya, presentó un recurso de protección por presuntas irregularidades en el allanamiento a su domicilio, efectuado el 8 de mayo pasado en el marco del caso Huracán.
Según informa 24Horas, el recurso está dirigido contra el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, y el fiscal adjunto de la Fiscalía de Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la región de Coquimbo, Ricardo Soto, quienes indagan una presunta filtración de antecedentes a Carabineros por parte de Moya.
El recurso fue ingresado en la Corte de Apelaciones de Rancagua, y en el texto el fiscal Moya denuncia "una ejecución arbitraria de orden de entrada y registro a su domicilio particular y apartada de la ley".
Según señala el documento, un equipo de la "Fuerza de Tarea de la PDI del caso Huracán" ingresó a las 5.30 horas al pasaje donde se encuentra su casa, inhabilitando el sistema de seguridad del portón de acceso.
El escrito consigna que los funcionarios llegaron acompañados del fiscal Soto, quien aseguró contar con una orden verbal de la jueza de Garantía de Temuco, Viviana García.
"Sin embargo, no portaban documento alguno dicha orden (...) ni tampoco pudieron responder si se había habilitado horario especial, ni si tenían facultades para descerrajar, como ocurrió con el portón de acceso principal al pasaje", afirma el recurso de Moya.
El fiscal agrega que la diligencia se extendió por cerca de 10 horas, incautándose especies personales de su propiedad, de su esposa e hijos.
"La diligencia y su forma de ejecución aparecen como totalmente desproporcionados, considerando que - como se ha dicho- lo que se buscaba era un correo electrónico, que ya estaba a disposición de la investigación", sostiene el persecutor.
En el recurso Sergio Moya solicita a la Corte declarar ilegal y arbitraria la diligencia, además de la devolución de las especies incautadas, la prohibición de la extracción y divulgación de la información, "ya sea que se encuentren en poder del Ministerio Público, policías, intervinientes o cualquier tercero".
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