Iniciativa prohíbe que cualquier deuda contraída para estudiar esté en el registro de sistema de deudas comerciales morosas o impagas.
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Un grupo de senadores de oposición, junto a la Agrupación Deuda Educativa, ingresaron hoy un proyecto de ley que asegura una educación sin Dicom. La iniciativa es respaldada por los senadores Yasna Provoste (DC), Carlos Montes (PS), Jaime Quintana (PPD) y Juan Carlos Latorre (RD), junto a la diputada Camila Rojas (IA).
El proyecto prohíbe que cualquier deuda contraída para estudiar desde la educación preescolar a la superior esté en el registro de sistema de deudas comerciales morosas o impagas, conocido como Dicom. Además, obliga a borrar de los registros a los actuales deudores.
Provoste afirmó al respecto que "presentamos un proyecto que modifica la ley sobre Protección de la vida privada, con el objeto de prohibir que aparezcan en los informes comerciales todas las deudas contraídas, con el objeto de financiar la educación a lo largo de todo el sistema escolar y educacional".
Asimismo, agregó que "nos asiste la más profunda convicción que la educación es un derecho y no es una industria, y por lo tanto, no puede moverse con los valores del neoliberalismo y en ese sentido, creemos que todos aquellos que han hecho un esfuerzo importante en materia educacional no pueden estar en los registros comerciales por morosidad en ningún informe. Y que dicha situación signifique no acceder a otros beneficios sociales a lo largo de la vida".
La senadora aseguró también que "estamos convencidos que el Crédito con Aval del Estado ha sido una fórmula que en un momento determinado se consideró como una alternativa de financiamiento, pero hoy el Estado ha hecho un esfuerzo claro y contundente en materia de gratuidad. Por lo mismo, dicha deuda es injusta y este proyecto de ley que hemos presentado es en parte una pequeña reparación que hacemos a las familias y a los jóvenes que hoy día tienen deudas a lo largo de todo el sistema educativo".
En la misma línea, manifestó que "de tal manera que todos los deudores del CAE 1, el CAE 2.0, deudores Corfo, deudores del Fondo Solidario y cualquier otra deuda educativa en el sistema, no se podrá informar en los registros comerciales, tal como ocurre en el día de hoy para las deudas que los ciudadanos tienen con servicios básicos".
Por su parte, Juan Pablo Rojas, vocero de la Agrupación Deuda Educativa, sentenció que "es una situación que tiene en la muerte financiera a jóvenes que muchas veces no pudieron terminar su carrera y a profesionales que por las condiciones del campo laboral no han podido pagar y hoy están atrapados en el informe comercial (Dicom) que les cortas las alas incluso para arrendar un departamento o para comprar una casa".
PURANOTICIA
