Demandantes indicaron en el documento que la Policía lanzó "irritantes químicos, balas de goma y cañones de sonido para dispersar a la multitud", durante una protesta frente a la Casa Blanca.
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Organizaciones por los Derechos Civiles y ciudadanos de manera particular presentaron una demanda colectiva contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el fiscal general del país, William Barr, por ordenar un procedimiento policial "coordinado y sin provocación mediante" para dispersar a cientos de manifestantes congregados en la Casa Blanca.
El hecho en cuestión tuvo lugar en la plaza Lafayette, a metros de la casa presidencial estadounidense, donde cientos de personas trasladaron su protesta contra la brutalidad policial, tras la muerte del ciudadano de raza negra George Floyd, por la que han sido imputados cuatro agentes, entre ellos quien puso su rodilla sobre el cuello del hombre, razón por la que murió.
En torno a las 18:30 horas, Trump decidió salir de la Casa Blanca para acercarse a una iglesia episcopal de San Juan, momento en que la Policía -según la demanda- "llevó a cabo una carga coordinada y sin provocación", recurriendo a "irritantes químicos, balas de goma y cañones de sonido para dispersar a la multitud", con el objetivo de proteger al presidente.
La demanda, presentada, entre otros, por la organización Black Lives Matters DC y la Unión Americana de Libertades Civiles del Distrito de Columbia, acusa concretamente a Trump, Barr y otros responsables federales de seguridad de "violar los derechos constitucionales de los manifestantes y participar en una conspiración ilegal".
"El ataque desvergonzado, inconstitucional, no provocado y francamente criminal del presidente contra los manifestantes por estar en desacuerdo con sus puntos de vista, sacude los cimientos del orden constitucional de nuestra nación", declaró el director legal de ACLU D.C., Scott Michelman.
En tanto, la presidenta y directora ejecutiva del Comité de Abogados para los Derechos Civiles, Kristen Clarke, indicó que "el asalto de la plaza Lafayette equivale a violencia inconstitucional e ilegal patrocinada por el Estado contra activistas no violentos de derechos civiles".
Por último, se informó que las organizaciones demandantes preparan un pliego adicional en respuesta a las decenas de ataques de la Policía y otras fuerzas de seguridad contra los periodistas y observadores legales que cubrían las protestas.
PURANOTICIA
