Este protocolo es un tratado de la ONU, creado en 1979 para "poner en manifiesto todas las esferas en que la mujer se le niega la igualdad con el hombre y defender sus derechos humanos".
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El protocolo facultativo de la ONU para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer se iba a votar en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, este lunes, pero esta fue pospuesta para agosto.
La razón fue una petición del Gobierno, a través del ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, para poder estudiar mayormente sus implicancias.
"El ministro Teodoro Ribera me pidió que se postergara la votación porque ellos están completando un estudio sobre cómo se ha aplicado el protocolo facultativo sobre los países que han tomado la posibilidad de dispensarse de él", dijo el senador José Miguel Insulza, presidente de la comisión, según informa La Tercera.
Otro de los motivos argumentados por la Cancillería para solicitar la postergación de la votación fue la ausencia del Canciller en la sesión, quien se encuentra fuera de Santiago.
Pero, ¿de qué se trata este protocolo? Es un tratado de las Naciones Unidas, creado en 1979 para "poner en manifiesto todas las esferas en que la mujer se le niega la igualdad con el hombre y defender sus derechos humanos".
Es un instrumento que supervisa la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y que fue ratificada por Chile en 1989.
Gracias a esto, personas o grupos de personas que estén bajo la jurisdicción del Estado Parte y que aleguen ser víctimas de una violación por parte de ese Estado -de cualquiera de los derechos enunciados en la Convención-, puedan recurrir a un comité creado para este fin.
Si ese comité recibe información fidedigna que revele violaciones graves o sistemáticas por un Estado Parte, podría incluso visitar el territorio, siempre con autorización del país que fue denunciado.
Y si bien el protocolo fue aprobado por la Cámara de Diputados en 2001, no ha logrado mayores avances en el Senado.
En enero de este año, cuando la comisión de Relaciones Exteriores del Senado discutió el proyecto de acuerdo que aprueba el protocolo, ya se vislumbraba un desacuerdo con el Gobierno. En ese sentido, el conflicto estaría en que el protocolo le daría "amplias" potestades al comité en Ginebra, que está compuesto por 23 expertos independientes, por lo que se "perdería" soberanía.
En aquella oportunidad, el senador Insulza que no aprobarse el protocolo, "a nuestro juicio sería un agregado más a los dos problemas que han existido con el convenio migratorio y Escazú. Es un tema complicado", sostuvo en enero.
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