Funcionario de la Defensoría habría inventado atentado mapuche para inculpar a su ex pareja

Sujeto habría realizado llamadas a Carabineros para advertir de un presunto atentado contra la familia Luchsinger Mackay y un fiscal.
Funcionario de la Defensoría habría inventado atentado mapuche para inculpar a su ex pareja
Nacional , Miércoles 10 de abril de 2019 a las 20:30 horas

La Fiscalía de La Araucanía inició una investigación contra un funcionario de la Defensoría Penal Pública, quien habría inventado un presunto ataque contra un fiscal y la familia Luchsinger Mackay.

El funcionario público se habría hecho pasar por un comunero mapuche, perteneciente una comunidad cercana a Vilcún, y habría realizado llamadas a la Central de Comunicaciones de Carabineros para advertir un presunto atentado.

Según se indicó, el profesional habría confesado que realizó los hechos por "motivos familiares".

La vocera de la Fiscalía Regional de La Araucanía, Nelly Marabolí, detalló los hechos e indicó que se abrió una investigación en su contra por el delito de obstrucción a la investigación y denuncia calumniosa.

Los hechos

El primer llamado se recibió el 16 de marzo de este año. En el momento, el hombre se hizo pasar por un comunero -para lo cual incluso habló en mapudungun– e indicó que tenía mucho miedo porque querían involucrar a unos de sus hijos en un atentado contra la familia Luchsinger y un fiscal en Temuco.

Además entregó las características de la camioneta con la que se realizaría el ataque y señaló que estaría involucrado un hombre llamado "Gerardo", su pareja Adela y "una niña colorina".

En el llamado indicó que el presunto ataque estaría siendo planificado al interior de un domicilio del sector "Los Galindo", y aseguró que iban a cometer el delito durante ese mismo día. Posteriormente, el 31 de marzo se recibió un segundo llamado, informando acerca de la misma situación.

En ese momento, la Fiscalía y las policías comenzaron las diligencias para dar con el paradero de los presuntos implicados en el ataque. Incluso, se ordenó la protección de la familia Luchsinger y algunos fiscales.

Las primeras diligencias dieron con antecedentes que resultaban bastante verosímiles. Por ejemplo, el llamado se realizó camino a Vilcún, las personas aludidas sí existían y la camioneta estaba inscrita a nombre de "Gerardo".

Además, los chips estaban a nombre de una persona que fue llevada a juicio, acusada por un delito en el contexto de violencia rural, tras lo cual fue absuelta. Sin embargo, en medio de las diligencias se detectaron algunas inconsistencias en la supuesta denuncia.

Primero, se realizaron interceptaciones telefónicas, donde no se pudo acreditar la participación de las personas en algunos de los hechos. Luego se estableció que estos chips fueron comprados e insertados en un teléfono de un funcionario público. En base a estos antecedentes, la Fiscalía citó al presunto responsable, quien voluntariamente confesó el hecho.

Explicaciones

El hombre habría argumentado que realizó todo por motivos de índole familiar, ya que estaría relacionado con una de las personas que involucró en el presunto atentado.

La vocera de la Fiscalía de La Araucanía indicó que una vez que el hombre confesó los hechos, se pidió el cese de las medidas de protección a los fiscales y la familia Luchsinger. De forma paralela, se abrió una indagatoria por el delito de obstrucción a la investigación y por denuncia calumniosa.

La vocera calificó la situación como "grave", ya que implicó una gran preocupación al interior de la Fiscalía y las policías.

También señaló que esta situación significó una victimización de los integrantes de la familia Luchsinger, ya que ellos pensaron que podían resultar afectados por un nuevo atentado.

Por otro lado, el funcionario desempeña labores en la Defensoría, institución que representó a unos de los presuntos involucrados en el delito que se estaba planificando.

Formalización y penas

De momento, se espera que el hombre sea llevado a tribunales para formalizar la investigación en su contra.

De comprobarse estos delitos, el profesional arriesga una pena de presidio menor en su grado mínimo y multa, además de presidio menor en su grado medio, es decir, de 541 días a 3 años de cárcel, más multa.

Al respecto, la Defensoría Penal Pública indicó que conociendo los hechos se instruyó un sumario para determinar las circunstancias y responsabilidades administrativas del funcionario.

Esta medida investigará las faltas al Estatuto Administrativo, para aplicar las sanciones que correspondan en caso de que el funcionario aludido hubiera infringido esta norma.

Paralelamente también se revisarán, en este caso, eventuales infracciones al Código de Ética de la institución.

PURANOTICIA

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