Este martes el parlamentario independiente acusó al Fiscal Nacional y al ministro de Justicia de ocultar información sobre muertes ocurridas al interior del Sename.
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Este martes, el diputado René Saffirio (IND) solicitó la renuncia del Fiscal Nacional, Jorge Abbott, y del ministro de Justicia, Hernán Larraín, tras acusarlos de ocultar información sobre muertes ocurridas al interior del Servicio Nacional de Menores (Sename).
Esto, porque según el parlamentario ambas autoridades estaban al tanto de un informe de la PDI, en donde se abordan fallecimientos de menores y adultos en el Sename, entre el año 2017 y el primer trimestre del 2018 (32 casos), sin que hayan hecho algo al respecto.
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En ese marco, la Fiscalía Nacional expresó, a través de un comunicado, que "el Fiscal Regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, en su calidad de responsable de la investigación penal por muertes de niños, niñas y adolescentes (NNA) en centros del Sename, encargó el 6 de junio de 2018 a la fuerza de tareas de la PDI, con la que trabaja en esta investigación, que generara un informe con los hallazgos no relacionados con la investigación penal respecto de la situación de estos NNA. En particular, se pidió contemplar datos estadísticos, metodología y análisis descriptivo de la situación de la 'infancia en institucionalizada' en el país".
Según la Fiscalía Nacional, la PDI remitió al Fiscal Emilfork el informe "Análisis del funcionamiento residencial en centros dependientes del Sename" el 25 de abril de 2019. Luego, el 6 de mayo de 2019, "el Fiscal Emilfork remitió el informe a la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional, a través de un oficio en que consulta si es posible entregar el documento a autoridades de gobierno, de los organismos que correspondan, con el fin de contribuir con insumos a la generación de políticas públicas en la materia", explica el comunicado.
Tras esto, Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional respondió al Fiscal Emilfork "que el informe podía ser entregado a terceros, pero que dado que no es facultad de los fiscales proponer políticas públicas, el documento debía remitirse al Fiscal Nacional para evaluase la pertinencia de que los antecedentes fueran entregados como insumos para programas o planes de gobierno en la materia".
La Fiscalía asegura que el informe se entregaría, en conjunto con el Director General de la PDI, al Ministerio de Justicia. "De hecho, se había estimado como fecha tentativa el 18 de julio, lo que debe coordinarse con las autoridades respectivas", asegura el comunicado.
Por último, destacan que "la Fiscalía Nacional hace hincapié en que el informe no contiene datos sensibles que individualicen a NNA ni antecedentes sobre las investigaciones penales en marcha y cuyo contenido no corresponde ser informado a autoridades de Gobierno. En los casos en que se detectaron condiciones precarias, cuya solución no está en manos del Ministerio Público, los antecedentes fueron oportunamente remitidos a las autoridades pertinentes".
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