La ex secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia aseguró que el documento "contiene errores manifiestos y preocupantes".
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Estela Ortiz cuestionó el documento de Contraloría que informaba que había recibido $3 millones mensuales por sobre a lo que correspondía su sueldo como ex secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia (Conain).
En entrevista con Emol, Ortiz realizó una declaración en la que cuestionó el documento del organismo y señaló que la auditoría "omite el hecho de que todos los contratos y remuneraciones pactados, como en toda la administración pública, fueron publicados y visados a través del procedimiento regular de la toma de razón o registro de la Contraloría".
Sobre el informe, la acusada, cercana a la ex presidenta Michelle Bachelet, denunció que "contiene errores manifiestos y preocupantes en algunos de sus acápites, invocando su propia jurisprudencia para fundar su juicio"; esto, al comparar su remuneración con la de personeros de otros estamentos públicos con responsabilidades semejantes.
Según Ortiz, la Contraloría no hizo esa comparación y sólo se basó a las rentas promediadas del escalafón directivo del Ministerio Secretaría General de la Presidencia "sin analizar, homologar y exponer las funciones y responsabilidades que mi contrato estableció, como de otros asesores y profesionales" y establecidas en el decreto que fundó el Consejo, lo sería una falta "grave".
La ex funcionaria añadió que durante su gestión alcanzó un grado directivo, motivo por el que se debió comparar su sueldo con el grado 9 de la escala única de remuneraciones, la que termina en el grado 2, que corresponde a Jefes de División.
"Como se entenderá hay una dispersión mayor de funciones y responsabilidades, lógica de toda estructura organizacional (...) entonces, ¿cómo es posible analizar en base a un promedio de rentas de un escalafón determinado con diferentes funciones, responsabilidades y grados, y concluir lo que señala la Contraloría?", resaltó.
Por último, Ortiz precisó que las remuneraciones asignadas en base a su contrato de honorarios del periodo 2014-2018, fueron establecidas por las autoridades competentes, quienes lo hicieron "teniendo en consideración dichas responsabilidades y objetivos a lograr, los que fueron cumplidos según señala el propio informe del órgano fiscalizador".
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