Esta tendencia se ha dado especialmente en la Región Metropolitana, donde en 25 de las 49 audiencias se ha acogido la solicitud de la defensa, dejando a los menores con arresto domiciliario total.
visitas
Los defensores penales públicos de todo el país suman 1.186 audiencias en las que han pedido la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva o internación provisoria por arresto domiciliario.
De este total, las solicitudes han sido acogidas en un 53% en los casos de adolescentes y en un 31% en las causas de adultos, en el contexto de la emergencia sanitaria que afecta al país por el covid-19.
De acuerdo a lo informado por la institución, en el caso de los menores de edad se han desarrollado 151 audiencias para solicitar el cambio de medida cautelar, de las cuales en 80 de ellas los jueces han acogido la petición de la defensa pública.
Esta tendencia se ha dado especialmente en la Región Metropolitana, donde en 25 de las 49 audiencias se ha acogido la solicitud de la defensa, dejando a los menores con arresto domiciliario total.
Algo similar ha ocurrido en la Región de La Araucanía, donde se han realizado 12 audiencias de revisión y en diez de ellas los tribunales han resuelto el cambio de medida cautelar.
En el caso de los adultos que integran algunos de los grupos más vulnerables al contagio del coronavirus, se han realizado 675 audiencias y en 212 de ellas la petición de la defensa pública fue acogida.
Respecto de esta iniciativa, el jefe del Departamento de Estudios y Proyectos (DEP) de la Defensoría Penal Pública, Rubén Romero, explicó que "a lo largo de todos los tribunales del país los defensores y defensoras desplegaron sus solicitudes de revisión de prisión preventiva para todas personas imputadas en grupos de riesgo ante la actual amenaza de contagio de covid-19 en las cárceles".
Adicionalmente, las comisiones de libertad condicional están en pleno desarrollo en todo el país y las cifras preliminares arrojan que hasta ahora se han revisado 1.041 solicitudes, de las cuales 634 han sido acogidas, lo que equivale al 61%.
Durante esta semana se inició también la revisión de las causas del resto de la población penal que se encuentra privada de libertad en calidad de imputada, con especial consideración en los internos primerizos, con prognosis de cumplimiento de pena en libertad o con caución pendiente de pago.
La iniciativa de la Defensoría Penal Pública se enmarca en un conjunto de acciones del Estado que se orientan a proteger la salud de la población en el contexto de la emergencia sanitaria.
PURANOTICIA
