Por 120 a favor, 6 en contra y 25 abstenciones, la Sala aprobó el informe. UDI presentó una reserva de Constitucionalidad.
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Por 120 a favor, 6 en contra y 25 abstenciones, la Sala aprobó el informe de la comisión mixta que resolvió las discrepancias entre la Cámara y el Senado en torno al proyecto que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.
Dentro de los puntos modificados en la comisión mixta, se encuentra un artículo transitorio que establece que esta nueva norma entraría en vigencia solo cuando sea promulgada y publicada ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, que se encuentra en segundo trámite en el Senado.
Este punto generó visiones contrapuestas por las y los diputados, pues, por un lado, se señalaba que el servicio debe estar contenido en un sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes, mientras que, por el otro, se criticó que se "amarrara" a la tramitación de otro proyecto de ley.
Por esto, parlamentarios oficialistas hicieron reserva de constitucionalidad por los alcances que tendría esta disposición transitoria establecida en el artículo 11, que vincula la implementación del nuevo servicio a la aprobación de otra norma legal.
Contenido del proyecto
La nueva institución vendría a reemplazar en estas materias al actual Servicio Nacional de Menores (Sename). La iniciativa define a este organismo como un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, sometido a la supervigilancia y fiscalización del Presidente de la República a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Su objetivo es garantizar la protección especializada de niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos, a través del diagnóstico especializado, la restitución de los derechos, la reparación del daño producido y la prevención de nuevas vulneraciones.
El texto también asigna a la institución el deber de garantizar, dentro del ámbito de su competencia y conforme a sus atribuciones y medios, el pleno respeto a los niños, niñas y adolescentes en su calidad de sujetos de derechos de especial protección, respetando y haciendo respetar sus derechos fundamentales.
La iniciativa propone que las residencias serán la última opción para niños, niñas y adolescentes. Siempre se procurará preferir a la familia extensa y las de acogida, teniendo presente el principio de la re-vinculación familiar en todo el proceso.
En el caso de requerirse destinar a niños, niñas y adolescentes, el acuerdo de la comisión mixta establece que las residencias tienen que ser especializadas y se le exige que tengan un 75% de profesionales y técnicos especialmente preparados en la materia dentro su planta.
Se establece también que, tanto la Defensoría de la Niñez como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), tendrán acceso a la entrega de información oportuna, velando así por la integridad de quienes se encuentran bajo el amparo de la institución.
Además, se señalan medidas de prevención de delitos como el abuso sexual o maltrato físico por parte de las entidades colaboradoras. Las sanciones frente a estos casos implican la cancelación de la personalidad jurídica, de la acreditación y que no puedan a participar del sistema.
PURANOTICIA
