Magistrados verifican compraventas de inmuebles en Londres y la gestión del Óbolo de San Pedro, que recoge las ayudas económicas que los fieles ofrecen al Papa, para que sean destinadas a obras de caridad.
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Una revista italiana informó que cinco funcionarios de El Vaticano fueron suspendidos, luego de un allanamiento realizado por gendarmes en oficinas de la Secretaría de Estado el 1 de octubre.
Un memorando interno del 2 de octubre del gobierno del Vaticano –publicado por la revista L'espresso– señaló que la Santa Sede investiga una serie de operaciones financieras millonarias supuestamente irregulares, vinculadas a la compraventa de inmuebles, por lo cual estas cinco personas fueron "suspendidas del servicio".
El pasado martes, los gendarmes requisaron documentación y computadores en la Secretaría de Estado de la Santa Sede, por orden del fiscal Gian Piero Milano, después de recibir una serie de denuncias a comienzos del pasado verano.
Autoridades eclesiásticas informaron que se estaba realizando la operación sin dar mayores detalles y se limitó a señalar que la incautación tuvo lugar en la primera sección de la Secretaría de Estado, oficina central del gobierno de la Iglesia Católica y el departamento de la Curia Romana que trabaja con mayor cercanía con el Papa. También es responsable del gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano.
Entre las indagatorias, los magistrados verifican compraventas de inmuebles en Londres y la gestión del Óbolo de San Pedro, que recoge las ayudas económicas que los fieles ofrecen al papa para que sean destinadas a obras de caridad.
Según el semanario italiano, los funcionarios implicados son Vincenzo Mauriello y Fabrizio Tirabassi, dirigentes de la Secretaría de Estado; una empleada de la administración, Caterina Sansone; Mauro Carlino, jefe del Departamento de Información y Documentación; y el director de la Autoridad de Información Financiera (AIF), Tommaso Di Ruzza.
"Los mencionados podrán acceder al Estado exclusivamente para acudir a la Dirección de Sanidad e Higiene y para sus servicios, o, bien, con la autorización de la magistratura vaticana. Monseñor Mauro Carlino seguirá residiendo en la Domus Santa Marta", según la circular que publicó L'espresso.
La investigación se inicia tras una serie de denuncias presentadas al principio del pasado verano por el Instituto para Obras de Religión, conocido como el Banco Vaticano, y por la Oficina del Revisor General, este último encargado de auditar la administración vaticana.
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