Informe de la Alta Comisionada de ONU para los DD.HH. destaca patrones de violaciones que afectan directa e indirectamente a todos los derechos humanos, ya sea civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
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La ONU dio a conocer un duro informe final de la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en contra del régimen del presidente Nicolás Maduro, al que insta a adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones de DD.HH. que se viven en el país.
El informe se centra en la situación de los derechos humanos en Venezuela desde 2018, analizando también desarrollos pertinentes que tuvieron lugar con anterioridad, y destaca patrones de violaciones que afectan directa e indirectamente a todos los derechos humanos: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
Además, se basa en la información recopilada y analizada por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), inclusive durante misiones.
La alta comisionada visitó Venezuela del 19 al 21 de junio de 2019. Se reunió con muchas contrapartes, incluido el Presidente Nicolás Maduro, el vicepresidente, el ministro de Relaciones Exteriores, altos cargos de 17 ministerios, el presidente de la Asamblea Nacional y diputados/as de la oposición.
Asimismo, se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, el fiscal general, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y el defensor del Pueblo. Sostuvo reuniones con representantes de la Iglesia Católica, el sector empresarial, universidades, estudiantes, sindicatos, organizaciones de derechos humanos, aproximadamente 200 víctimas, la comunidad diplomática y el equipo de la Organización de las Naciones Unidas en el país.
La crisis económica y social, según el informe, se agudizó considerablemente entre 2018 y 2019. A medida que la economía seguía contrayéndose, la inflación se disparó y los ingresos públicos disminuyeron a raíz de una drástica reducción en las exportaciones de petróleo. La población venezolana está afrontando muy diversas e interrelacionadas violaciones de sus derechos económicos y sociales.
Añade que el desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida, entre otros, debido al deterioro de servicios básicos como el transporte público y el acceso a electricidad, agua y gas natural.
Agrega que en los últimos años el Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional, imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes. Esta situación ha continuado empeorando en 2018-2019. Han tenido que cerrar docenas de medios impresos y el Gobierno clausuró emisoras de radio e hizo que dejaran de emitir canales de televisión.
Aumentaron las detenciones de periodistas, incluyendo de periodistas extranjeros, quienes fueron expulsados o dejaron el país inmediatamente después de su liberación. Actualmente hay centenares de periodistas venezolanos/as exiliados/as. Internet y las redes sociales se han convertido en los principales medios de comunicación e información de la población, limitando aún más el acceso a la información independiente de las personas que no tienen acceso a internet.
Acnudh documentó varios casos de detenciones arbitrarias de personas por expresar opiniones en redes sociales. En los últimos diez años, la ONG Espacio Público ha registrado detenciones arbitrarias y cargos penales contra 55 personas por publicaciones en medios sociales – 24 de ellos en 2018.
Según la ONG Foro Penal Venezolano, consignada por el informe, por lo menos 15.045 personas fueron detenidas por motivos políticos entre enero de 2014 y mayo de 2019. De ellas, 527 fueron detenidas en 2018 y 2.091 entre enero y mayo de 2019. La mayoría de ellas fueron detenidas en el contexto de las manifestaciones.
Al 31 de mayo de 2019, 793 personas seguían privadas arbitrariamente de libertad, 1,437 personas habían sido liberadas incondicionalmente, y 8,598 personas habían sido liberadas condicionalmente y afrontaban aún prolongadas actuaciones penales. El resto fueron liberadas sin haber sido llevadas ante un/a juez/a.
El temor a volver a ser detenidas ha llevado a varias de ellas a dejar el país. Acnudh considera que el Gobierno ha utilizado las detenciones arbitrarias como uno de los principales instrumentos para intimidar y reprimir a la oposición política y cualquier expresión de disensión, real o presunta, al menos desde 2014.
PURANOTICIA
