Marta Valiñas, presidenta de la misión, señaló que "estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno".
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"La misión tiene bases razonables para creer que tanto el presidente como los ministros del Interior y de Defensa contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en este informe". De esta manera concluye un informe desarrollado por una comisión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), el que da cuenta de "violaciones atroces", equivalentes a crímenes de lesa humanidad, cometidas por el Gobierno de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro.
De igual forma, el documento de esta instancia de ONU, que no pudo ingresar a suelo venezolano, indica que las fuerzas de seguridad de este país han estado vinculadas en el uso sistemático de la violencia ejercida desde 2014. Esto, con el objetivo de "reprimir" a la oposición al chavismo y "aterrorizar" a la población, hechos de los cuales Nicolás Maduro no sólo estaba al tanto, sino que el informe asegura que fue él y sus súbditos quienes orderaron y financiaron una serie de operaciones.
Bajo este contexto, la presidenta de la misión, Marta Valiñas, señaló que "lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno". A esta conclusión se llegó luego de analizar 223 casos y entrevistar a personas, entre víctimas, testigos, familiares, ex funcionarios estatales, abogados y organizaciones no gubernamentales.
La misión investigó también 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas, los cuales culminaron con 53 ejecuciones extrajudiciales. De la misma manera, se indagaron 2.552 incidentes en los que se produjeron más de 5.000 muertes por parte de las fuerzas de seguridad. En concreto, el informe ONU responsabiliza a dos: el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y las Fuerzas de Acción Especial, de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Según el documento, el 59% de estas muertes fueron perpetradas por ambos grupos durante el período analizado. Por ello, sugieren que "las FAES deben ser desmanteladas y los responsables de todas las fuerzas de seguridad, así como sus cadenas de mando, deben rendir cuentas".
El estudio también menciona al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), cuya misión -dice el informe- era "identificar a la disidencia política y a activistas de derechos humanos, así como a otros hombres y mujeres que se percibían como contrarios al gobierno". Por su parte, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) tenía como objetivo encargarse del personal militar y los civiles asociados presuntamente a rebeliones o intentos de golpe de Estado.
Otra de las situaciones reveladas por el informe del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas habla del rol de Nicolás Maduro en el marco de todas estas denuncias de crímenes de lesa humanidad: "Tenemos base razonable para creer que el presidente Maduro dio órdenes al director del SEBIN de a quién señalar".
Así lo dio a conocer Francisco Cox, otro de los miembros de la misión de la ONU, quien agregó que "después de que estas personas fueran vigiladas, se reunió la información, se interceptaron sus comunicaciones y finalmente fueron detenidos sin orden judicial, sólo por orden del Presidente. Así que tenemos intervención y contribución al crimen por parte del señor Maduro, ya sea directamente o a través de la cadena de mando y, en ocasiones, evadiendo la cadena de mando y dando la orden directa".
A diferencia del informe emanado por la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, a cargo de la ex presidenta chilena, Michelle Bachelet, el que también hablaba de violaciones a los derechos humanos, éste documento determina responsabilidades individuales y cadenas de mando por acción u omisión, donde el rol de Nicolás Maduro es preponderante, tal como el de su círculo más cercano, como su ministros de Defensa, Vladimir Padrino López; y del Interior, Néstor Reverol.
La investigación señala que "se demuestra que las autoridades del Estado -tanto a nivel presidencial como ministerial- ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados".
El estudio de Naciones Unidas también cuestiona la intervención del Poder Judicial de Venezuela, órgano del que señaló que "no logró controlar a otros agentes estatales", además de manifestar la necesidad de continuar investigando "hasta qué punto la influencia política indebida ha obstaculizado la independencia judicial".
Al respecto, Marta Valiñas, presidenta de la misión de ONU, indicó que "las violaciones deben cesar y la impunidad debe terminar. Las autoridades venezolanas deben llevar a cabo de inmediato investigaciones rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las violaciones y los crímenes, haciendo que los autores rindan cuentas e impartan justicia para las víctimas. Las víctimas deben recibir plena reparación por el daño que han sufrido".
La misión también constató que algunos fiscales y jueces desempeñaron "un rol directo que constituían detenciones arbitrarias". En muchos casos, el informe asegura que "es difícil determinar si los actores del sistema de justicia participaron voluntariamente en la detención arbitraria o si lo hicieron bajo presión".
Además el informe indica que en los casos investigados "no había información", indicando de que la legalidad de las detenciones estuviera sujeta a revisión judicial. "En diversas etapas del procedimiento, el Estado no proporcionó pruebas sólidas para sustentar la participación de las personas acusadas en la comisión de actos punibles". Posteriormente, se reveló que las acusaciones contra los acusados "eran falsas o basadas en pruebas manipuladas".
Por último, el texto arroja que "todos los casos examinados revelaron violaciones recurrentes de las garantías procesales bajo los estándares nacionales e internacionales. Los detenidos políticos y militares también se enfrentaban a interferencias en el derecho a una defensa adecuada y a un abogado de su elección". Además, en muchos de los casos documentados, los tribunales ignoraron las solicitudes de los acusados de contar con abogados de su elección y les asignaron defensores públicos.
PURANOTICIA
