La expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad, la pasividad de la Fiscalía y las leyes "regresivas", son las principales amenazas.
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Guatemala está "a punto de aniquilar" los esfuerzos realizados durante la última década para fortalecer el sistema de justicia debido a la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y a las "regresivas" leyes impulsadas desde el Congreso, según advirtió Amnistía Internacional (AI) en un informe publicado este martes.
En el informe 'Última oportunidad de Justicia', la ONG lanza una "alerta roja" por los "graves retrocesos y riesgos inminentes para los Derechos Humanos en Guatemala a raíz de las medidas adoptadas por el Gobierno de Jimmy Morales, el Ministerio Público dirigido por Consuelo Porras (...) y el Congreso de la República".
La principal amenaza es la inminente salida de Guatemala de la CICIG, organismo creado en 2007 en colaboración con Naciones Unidas para combatir la infiltración de las organizaciones criminales en las instituciones, que ha destapado importantes casos de corrupción sobre el ex presidente Otto Pérez Molina y el actual mandatario.
"Desde agosto de 2017, el Gobierno del presidente Jimmy Morales ha buscado obstaculizar el trabajo de la CICIG" y en agosto de 2018 anunció directamente que no prorrogará su mandato, que en consecuencia expirará el próximo 3 de septiembre, indicó Amnistía Internacional.
"Frente a esta situación", denunció la ONG, la fiscal general "no parece haber tomado medidas suficientemente claras y oportunas para garantizar la continuidad del trabajo de las fiscalías que colaboran con la CICIG, como la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), haciendo peligrar las investigaciones abiertas en más de 70 casos conjuntos".
El informe de AI "muestra la necesidad de seguir el proceso de fortalecimiento de las capacidades del Ministerio Público iniciado con la CICIG", debido a "la incapacidad del Estado para garantizar la independencia de los fiscales y jueces que conocen de este tipo de casos, que se enfrentan a intimidaciones, estigmatización y demandas penales o disciplinarias infundadas".
AI recordó que, en paralelo a la CICIG, "a partir de 2009 los tribunales guatemaltecos empezaron a dictar sentencias históricas contra ex militares y miembros de la Policía y del Ejército -incluyendo sus altos mandos- algo que no había ocurrido nunca".
El Congreso tramita una reforma de la Ley de Reconciliación Nacional, que ha servido de fundamento jurídico para juzgar los crímenes cometidos durante la guerra civil (1960-1996), que promulgaría una amnistía para todos los responsables de las graves violaciones de los Derechos Humanos perpetradas con motivo del conflicto armado.
Sin embargo, "el Congreso de la República ha impulsado propuestas legislativas regresivas que garantizarían la impunidad de las graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas durante el conflicto armado y de ciertos actos de corrupción y limitarían el derecho de asociación y la defensa de los Derechos Humanos".
Amnistía Internacional llamó la atención sobre "el deterioro de la situación de las personas defensoras de los Derechos Humanos y de la libertad de expresión en Guatemala" porque "la salida de la CICIG y el debilitamiento de las instituciones de Justicia y de Derechos Humanos favorecen que las estructuras criminales puedan continuar violando la ley en toda impunidad".
PURANOTICIA
