La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó la prisión preventiva de Kelly Johanna Betancourt Acosta, imputada como autora de cuatro delitos de fraude al fisco y un delito de lavado de activos en el marco de los convenios suscritos entre la Seremi de Vivienda y la Fundación Cultural TomArte, los que que implicaron la transferencia de un total de $456.000.000 de fondos públicos.
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La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó este lunes la prisión preventiva de Kelly Johanna Betancourt Acosta, imputada como autora de cuatro delitos de fraude al fisco y un delito de lavado de activos, ilícitos perpetrados durante 2022, en el marco de los convenios suscritos entre la Seremi de Vivienda y la Fundación Cultural TomArte.
En fallo dividido, la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Dinko Franulic Cetinic, Jaime Rojas Mundaca y el abogado (i) Marcelo Díaz Sanhueza– confirmó la resolución dictada por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, al compartir que la libertad de la imputada representa un peligro para la seguridad de la sociedad.
Según el tribunal de alzada, “estamos frente a delitos reiterados que tiene asignada pena de crimen, circunstancia que obliga a esta corte a tener especialmente en consideración que la libertad de la imputada constituye un peligro para la seguridad de la sociedad”.
“Si a eso se agrega la gravedad de los hechos, más allá de la existencia de los delitos en sí mismos, sino la gravedad de los mismos, los montos que estuvieron involucrados, y la circunstancia que los recursos estaban destinados a los sectores más pobres de la población de esta ciudad, y en definitiva, no llegaron, nada de eso. Se estructura entonces el cuadro de peligro para la seguridad social que reclama la causal por la cual fue privada de libertad la imputada, y por tanto también este punto debe compartirse con la jueza a quo”, añade el fallo.
Por tanto, se resuelve que “se confirma la resolución de 4 de abril de 2024, que impuso a la imputada Kelly Johanna Betancourt Acosta, la medida cautelar de prisión preventiva por constituir su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad”.
Según la fiscalía, Betancourt Acosta, representante legal de la Fundación Cultural TomArte, se concertó con el coimputado y seremi de Vivienda dde Antofagasta a la época de los hechos, Carlos Contreras Gutiérrez, con la finalidad de obtener la asignación de fondos públicos para que la fundación ejecutara obras menores en el marco del programa de asentamientos precarios en, al menos, siete campamentos de Antofagasta.
Para ello, suscribieron convenios en septiembre de 2022 que implicaron la transferencia de un total de $456.000.000 de fondos públicos, los cuales fueron gastados por TomArte en pago de honorarios a la imputada, arriendo de inmuebles propiedad de personas vinculadas a la fundación y transferencias a cuentas bancarias particulares, es decir, en fines ajenos a los originales.
(Imagen: TimeLine)
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