La ONG rechaza el procedimiento abreviado que se concretará este martes, ya que no asigna las responsabilidades correspondientes a quienes usaron su dinero para influir ilegalmente en la democracia chilena.
visitas
La Fundación Ciudadano Inteligente, querellante del caso Penta en representación de la sociedad civil, rechazó que Fiscalía Regional Oriente haya renunciado a juzgar por cohecho a Pablo Wagner y por soborno a Carlos Lavín y Carlos Délano.
En una campaña lanzada a través de redes sociales, la ONG llamó a la ciudadanía a "decir #NoMásCorrupción", para que los casos de financiamiento ilegal se castiguen como corresponde y además se hagan reformas profundas para que no se repitan.
Colombina Schaeffer, subdirectora de Ciudadano Inteligente, dijo que "es importante que se sepa que lo que hicieron Carlos Lavín, Carlos Délano, Pablo Wagner y todos los involucrados en el financiamiento ilegal no fue evadir impuestos. Fue tratar de comprar la democracia chilena, y creer que el dinero podía primar sobre el deber de representar el interés de la ciudadanía".
La ONG, que estará presente esta mañana en la audiencia de reformalización y juicio abreviado, propone una serie de reformas cuyo detalle está disponible en http://nomascohecho.cl
En este sentido, Ciudadano Inteligente plantea mejorar el proyecto que aumenta las penas a la corrupción que se tramita en el Congreso y una reforma profunda al Ministerio Público.
Para las 10:00 horas de hoy, en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, está fijada la audiencia en que se verá el procedimiento abreviado en el denominado Caso Penta, el que permitirá a los principales imputados acceder a penas menores a las que habrían recibido en un juicio oral.
Se trata de un acuerdo entre la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente y los controladores del grupo Penta, Carlos Délano y Carlos Eugenio Lavín, además de Pablo Wagner, ex subsecretario de Minería del primer gobierno de Sebastián Piñera.
La ONG rechaza el procedimiento abreviado que se concretará este martes, ya que no asigna las responsabilidades correspondientes a quienes usaron su dinero para influir ilegalmente en la democracia chilena.
PURANOTICIA / ATON
