Este martes, la Segunda Sala del TC acogió a trámite el requerimiento de inaplicabilidad presentado por diputados socialistas que cuestionan la salida alternativa ofrecida a los imputados.
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El Tribunal Constitucional suspendió la audiencia de juicio abreviado del caso Penta que estaba fijada para hoy en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, donde se iba a revisar el acuerdo de la Fiscalía Metropolitana Oriente con los controladores del grupo, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, y el ex subsecretario Pablo Wagner.
Este martes, la Segunda Sala del TC acogió a trámite el requerimiento de inaplicabilidad presentado por diputados socialistas que cuestionan la salida alternativa ofrecida a los imputados. Además, llamó a las partes a alegar acerca de la admisibilidad del recurso, lo que se realizará el próximo lunes a las 10 horas
Tras conocer la resolución del TC, el fiscal metropolitano Oriente, Manuel Guerra, impulsor del acuerdo, declaró que "el tribunal ha resuelto, antes de tomar una decisión sobre admisibilidad, escuchar los alegatos de los intervinientes y es una señal de ecuanimidad que nada afecta el fondo del asunto".
El acuerdo consiste en que, en el caso de Délano y Lavín, la fiscalía retira los cargos de cohecho y mantiene los delitos tributarios por un perjuicio fiscal de $1.700 millones. La fiscalía pediría una pena de cuatro años de presidio que ambos imputados podrían cumplir en libertad, más el pago de una multa aún por definir.
La fiscalía decidió retirar la acusación de soborno por el pago de $42 millones al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, por las dificultades para probar el delito en un juicio oral. Además, Délano y Lavín tienen las atenuantes de irreprochable conducta anterior y reparación del mal causado, mediante el pago de $6.000 millones.
En el caso de Wagner, la fiscalía retira la acusación de cohecho y la cambia por la de enriquecimiento ilícito, debido precisamente a la dificultad de probar el delito. Wagner recibió los $42 millones de parte de Penta como parte de honorarios adeudados, pero recibió el dinero cuando ya ocupaba el cargo en el primer Gobierno de Sebastián Piñera.
En su requerimiento de inaplicabilidad, los diputados del Partido Socialista –querellante en el caso- argumentan que la pena a los controladores de Penta y el ex subsecretario Wagner debe ser definida por un tribunal en juicio oral y no por un fiscal, como acontece en esta caso, lo que consideran inconstitucional.
En marzo de 2015, el entonces fiscal Carlos Gajardo a cargo del caso Penta formalizó a los controladores por haber montado "una máquina para defraudar al fisco", y logró que el Octavo Tribunal decretara la prisión preventiva de ambos, la que cumplieron durante 46 días para luego pasar 229 días en arresto domiciliario.
PURANOTICIA / ATON
