Yerno de Joaquín Lavin no es formalizado por Caso Caval: No existe querella del SII

El fiscal Arias pretendía formalizar a Gigovich por la emisión, a través de su empresa GES Consultores, de una boleta por cerca de $300 millones al síndico de quiebras Herman Chadwick.
Yerno de Joaquín Lavin no es formalizado por Caso Caval: No existe querella del SII
Nacional , Martes 10 de octubre de 2017 a las 12:32 horas

El Juzgado de Garantía de Rancagua rechazó la formalización de Isaac Gigovich, yerno del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, en el caso Caval por no existir una querella del Servicio de Impuestos Internos (SII) en su contra.

De esta manera, la jueza Andrea Urbina dio la razón a la defensa de Gigovich, a cargo del abogado Alfredo Morgado, en cuanto a que el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, no puede formalizar por delito tributario si no hay de por medio una querella del SII.

El fiscal Arias argumentó que había una querella del servicio por los hechos materia de la investigación, es decir, por la emisión de facturas ideológicamente falsas, y que no era necesaria una querella nominativa en contra de Gigovich, lo que fue desechado por la jueza.

La medida fue celebrada por el abogado Morgado y el mismo Gigovich, quien asistió al tribunal en compañía de su esposa Asunción Lavín. El yerno del alcalde abandonó de inmediato el juzgado, donde esta jornada se ven las medidas cautelares de la reformalización suspendida el viernes pasado.

El fiscal Arias pretendía formalizar a Gigovich por la emisión, a través de su empresa GES Consultores, de una boleta por cerca de $300 millones al síndico de quiebras Herman Chadwick. Con ese documento, Chadwick habría justificado el pago al gestor inmobiliario Juan Díaz. El síndico y Díaz estuvieron a cargo del remate de los terrenos de Machalí que se adjudicó la sociedad Caval en enero de 2015.

En la jornada de este martes, la jueza Urbina concedió otros 60 días de plazo para la investigación de la arista principal del caso, justamente la compra de los terrenos de Machalí por $6.500 millones y la posterior venta en $9.500 millones.

Los ilícitos imputados en la causa principal son delitos tributarios, ventajas indebidas del síndico, cohecho y soborno. Las penas van de los 541 días a los 15 años de cárcel, pero hay atenuantes que rebajarían sustancialmente las eventuales sentencias.

PURANOTICIA / ATON

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