La obligación de disolver el vínculo ocurrirá aunque ambas partes deseen seguir unidas en matrimonio.
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La comisión mixta que analiza la ley de identidad de género aprobó ayer por unanimidad que las personas casadas deberán disolver su matrimonio si una de las partes quiere cambiar su nombre y sexo registral, "boicoteándose así un derecho existente en la legislación actual", sostuvo el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).
La obligación de disolver el vínculo ocurrirá aunque ambas partes deseen seguir unidas en matrimonio. En la actualidad, sin embargo, las personas casadas que cambian su nombre y sexo legal no están obligadas a disolver su matrimonio, destacó el Movilh.
"Es evidente que estamos en presencia de una medida que es regresiva, un absurdo insensible, pues la ley de identidad de género debe venir a ampliar derechos, no a cercenar los ya existentes" sostuvo el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, tras asistir a ayer a la comisión mixta.
"Con esta medida hay además una invasión ilegítima a la vida privada de las personas, pues se las obligará a terminar con la unión matrimonial aunque cuando deseen seguir casadas. Estimamos que esta medida violenta la Constitución y no descartamos recurrir a la Contraloría General de la República o al Tribunal Constitucional", añadió el vocero del Movilh, Oscar Rementería.
El Movilh apuntó que "en este plano la comisión mixta ha sido presa de la ignorancia y los prejuicios, con su regresiva medida busca impedir que personas del mismo sexo se casen. Pues bien, ello no ha ocurrido nunca bajo la legislación actual".
Esto significa, según el Movilh, que los parlamentarios "siguen confundiendo a la orientación sexual con la identidad de género, una falta gravísima cuando se supone que están legislando sobre los derechos de personas trans y que debiesen manejar mínimamente conceptos y realidades".
PURANOTICIA / ATON
