Este lunes la Presidenta Bachelet promulgó la normativa que busca evitar las malas prácticas y la regulación del financiamiento de campañas electorales.
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La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, promulgó este lunes dos de los proyectos claves de la agenda de probidad: la Ley para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia y la que Fortalece el Carácter Público y Democrático de los Partidos Políticos y Facilita su Modernización.
Ambos cuerpos legales implican una serie de cambios en lo que respecta a la institucionalidad, funcionamiento y financiamiento de las colectividades, como también la propaganda y campañas electorales.
"Estamos fijando nuevas reglas para nuestra democracia; estamos haciendo lo necesario para que la democracia sea un espacio de juego limpio, no queremos para Chile una política que se hace o a espaldas de la gente o que pueda verse contaminada con el dinero", señaló la presidenta durante la promulgación de la ley en el Museo Histórico Nacional.
Destacando los beneficios de la normativa, la Presidenta aseveró que "lo que Chile merece es una política que se hace de frente, que no tiene nada que esconder, que se somete al escrutinio público, a la sana competencia y la transparencia. Una política que se construye a partir de ideas y no de eslóganes, que sabe dialogar, que reconoce la diversidad y que crea un bien común. Una política cuyo único norte es el bienestar, la libertad y la paz de las personas".
Sobre la falta de confianza de la ciudadanía en las instituciones, Bachelet sostuvo que "recuperar la confianza será un proceso complejo y de largo aliento, pero lo enfrentamos con la mayor decisión... Estamos dejando el poder del dinero fuera de la política, abriendo las puertas de los partidos al escrutinio público y estamos consagrando sanciones administrativas y penales como nunca antes había habido. Estamos poniéndonos todos exigencias mayores que nos deben guiar en todo momento", añadió la mandataria.
Por su parte, el ministro Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, se sumó a las palabras de la presidenta, señalando que "debiéramos sentirnos orgullosos como chilenas y chilenos, que en tan breve plazo se hayan sacado leyes que además constituyen un récord mundial en términos de la transparencia de la política. La gente va a tener que esperar sus resultados, pero vamos a tener campañas mucho más austeras; vamos a ver multas e incluso pérdidas del cargo cuando haya cualquier cuestión que huela a trampa". Junto con indicar que "las chilenas y chilenos se pueden sentir mucho más seguros de que cuando voten, efectivamente su voluntad es la que va a determinar quién los represente y no el dinero".
Incluso el presidente de la UDI, Hernán Larraín, se refirió al cambio que significara la implementación de esta nueva normativa. "Cuando a mí me preguntan los candidatos a concejales municipales de nuestro partido les digo que les vamos a hacer un aporte muy significativo, un par de zapatillas, porque estas campañas vienen ahora a pulso", comentó. El presidente del gremialismo agregó que "los candidatos van a tener que recorrer y caminar para conversar con sus electores, porque no van a haber grandes apoyos económicos para lograr conquistar el apoyo del electorado".
Puntos claves de la nueva normativa
Luego de conocerse los escándalos de corrupción y financiamiento ilegal de campañas políticas, como los conocidos casos SQM, Penta y Corpesca, el Gobierno decidió implementar la ley sobre Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia, norma que regulará el financiamiento de las campañas políticas, el gasto electoral y las sanciones para quienes infrinjan la ley. Una medida que fue descrita como un paso clave por el ex presidente del Consejo Anticorrupción, Eduardo Engel, quien señaló que en la próximas elecciones municipales "la ciudadanía va a ver diferencias y mejoras muy importantes, las ciudades no van a estar tapizadas de gigantografías y palomas, porque van a estar prohibidas y porque vamos a poder todos los ciudadanos denunciar cuando pongan propaganda en lugares ilegales". Engel agregó que con estas nuevas leyes "vamos a conocer los financistas de los candidatos antes de decidir por cuál de ellos votamos y vamos a poder denunciar si cualquier empresa financia la política".
Tal como señaló este lunes la presidenta Bachelet, "las reglas del juego cambiaron", por lo que ahora ninguna empresa podrá financiar campañas electorales y se sancionará con penas de cárcel y pérdida del cargo o del escaño, a quienes infrinjan esta disposición legal.
Esto porque, la ley fija un financiamiento estatal para los partidos políticos, prohíbe los aportes de personas jurídicas o empresas y rebaja el límite del gasto electoral. De esta manera, los partidos tendrán que transparentar sus estatutos y será obligatorio que los integrantes de la directiva realicen una declaración de patrimonio.
Sin embargo, se mantienen los aportes anónimos bajo la denominación de "aportes menores sin publicidad". A esto se suma, que se fijan nuevas restricciones para la propaganda electoral y se consagra que podrán perder su escaño quienes cometan infracciones graves a la ley electoral.
La ley fija un aumento del aporte estatal a los partidos al inicio de las campañas electorales de 0,01 a 0,02 UF por votos obtenidos en la última elección. Y se incrementa el aporte que los candidatos reciben por concepto de reembolso de gastos electorales al término de las campañas, de 0,03 a 0,04 UF por voto obtenido. Este es uno de los aspectos relevantes, ya que la distribución de los casi 6 mil millones de pesos que considera el fondo de financiamiento estatal de los partidos políticos, que se reparten sobre la base de la votación que cada uno obtenga en la próxima elección. Las colectividades recibirán la primera remesa en quince días, después de ser publicada en el Diario Oficial. Se repartirán 1.500 millones de pesos en total, una cuarta parte del monto anual, correspondiente a la cuota del primer trimestre de 2016.
En cuanto a la Ley de Partidos, la norma busca que las colectividades se conviertan en entidades jurídicas de derecho público, encargadas de promover la participación ciudadana, en especial de mujeres y jóvenes. Adicionalmente que se fijó una cuota de género, donde las mujeres deberán tener al menos un 40% de representación al interior de las colectividades. La norma también contempla los deberes de probidad, transparencia y rendición de cuentas de los partidos, haciendo efectivo el derecho de acceso a la información para los afiliados y la ciudadanía en general.
Para el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, esta reforma es la más importante de los últimos 90 años. "Hasta ahora el Servel lo que hacía era llevar el padrón, el registro electoral y organizar actos electorales. Ahora lo más importante es que se nos da la facultad de contribuir al desarrollo democrático del país y colaborar con la educación y la formación cívica", afirmó. "Este sin duda es un cambio fundamental en las reglas del juego y también nos permite enfrentar dos años que desde nuestro punto de vista son fundamentales: el 2016 y 2017 para el Servel son los años de la revalorización de lo público y la redignificación de la política", agregó.
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