Cámara de Diputados recibió a la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras.
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La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados recibió a la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, para exponer sobre el proyecto de ley que tipifica como delito la incitación a la violencia.
En la instancia, valoró la iniciativa, pero precisó que se debe evitar que la legislación no quede reducida simplemente a acciones judiciales y sanciones por hechos de este tipo, sino que se debe avanzar en un modelo preventivo orientado hacia la valoración de la diversidad social.
Junto a ello, consideró que la tipificación de la incitación a la violencia y otras materias relacionadas, como la difusión de mensajes de odio en contra de determinados grupos sociales o personas en particular, requiere de discusiones profundas en las que lo fundamental debe ser poner en relieve los principios destinados a asegurar una convivencia social pacífica y, a la vez, que las diferencias no se anulen.
Entre otras de las observaciones expuestas a los parlamentarios, la representante del INDH recalcó que este debate amplio también debe extenderse hacia la necesidad de generar medidas para prevenir la discriminación y la estigmatización de ciertas categorías de personas que históricamente han debido enfrentar prejuicios y no restringir la acción del Estado solo a la tipificación penal de determinadas conductas o crear nuevas acciones judiciales para imponer sanciones, como únicos caminos posibles.
En el ámbito comparado, explicó, existen diversos modos de enfrentar la manifestación de discursos de odios, las que van desde el establecimiento de su mera prohibición, pasando por la posibilidad de imponer sanciones civiles y/o administrativas, hasta el castigo criminal mediante multas o penas privativas de libertad en casos particularmente graves y calificados.
Sin perjuicio de las diferencias advertidas, Contreras señaló que el elemento común a todas estas formas de regulación es la eventual limitación de la libertad de expresión. En consecuencia, advirtió que el primer elemento a tomar en cuenta es determinar si los límites establecidos incumplen o no las obligaciones y estándares internacionales en materia de libertad de expresión.
La personera del INDH sostuvo que, en general, el instituto valora el proyecto, pero insta a enmarcar una discusión en un contexto más amplio que aborde la necesidad de contar con una adecuada regulación de la prohibición y sanción de la incitación a la violencia, entendida como un continuo de la discriminación, estigmatización y deshumanización que ha afectado a ciertos grupos de personas.
Mediante el nuevo tipo que se pretende introducir en el Código Penal, se sanciona la incitación directa de la violencia física en contra de un grupo o una persona determinada, regulación concordante con la gravedad de las conductas que se pretende prohibir.
En la jornada de trabajo de la comisión estuvieron presentes, además, el Consejero de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Iván Carilao, y representantes de la organizaciones de pueblos originarios, que también entregaron su visión respecto del proyecto de ley que tipifica el delito de incitación a la violencia que continúa su tramitación en la Cámara.
PURANOTICIA / ATON
