Gajardo y Norambuena seguirán en su cargos hasta el 31 de marzo para, según explicaron, asegurar un traspaso eficiente de la información a los fiscales que continuarán con esta causa.
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Los renunciados fiscales del caso Penta, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, afirmaron que el Ministerio Público debió buscar sanciones penales contra "los casos graves que atentaron contra el sistema, contra la democracia".
Ambos presentaron este viernes sus dimisiones ante al fiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, su superior jerárquico que provocó las renuncias de Gajardo y Norambuena, tras ofrecer una salida alternativa al desaforado senador Iván Moreira, imputado en la causa por delitos tributarios.
En todo caso, Gajardo y Norambuena seguirán en su cargos hasta el 31 de marzo para, según explicaron, asegurar un traspaso eficiente de la información a los fiscales que continuarán con esta causa emblemática de financiamiento irregular de la política chilena.
"Cada uno es juzgado y analizado por sus actos, nosotros hemos querido ser coherentes con lo que hemos realizado durante el desarrollo de nuestra actividad como fiscales especialistas en delitos económicos y de corrupción", señaló Norambuena al retirarse de la Fiscalía Metropolitana Oriente en Las Condes.
"Nuestra opción y posicion fue que se debió haber perseguido de acuerdo a las solicitud de desafuero que realizamos y también de acuerdo a la autorización que nos dio la Corte sSuprema para seguir adelante", añadió.
"Hay una decisión de mayoría que dio lugar al desafuero y, por lo tanto, nuestra posición era que se siguiera adelante, pero nosotros carecemos del poder decisorio al interior de la fiscalía, solo tenemos la fuerza de nuestros argumentos, de los antecedentes que hemos recogido", agregó,
En ese sentido, indicó que "los que toman las decisiones son aquellos que finalmente tiene la dirección de la investigación y si no estamos de acuerdo con una decisión que nos parece grave, la decisión correcta es la presentación de nuestras renuncias".
También enfatizó que "creemos que una suspensión condicional del procedimiento conlleva una renuncia a un reproche penal y a la búsqueda de una sanción penal. Creemos que en estos casos graves que atentaron contra el sistema, contra la democracia, debió ser buscada una sanción penal por parte de la fiscalía".
Además, expresó que mantuvieron "una posición técnica, profesional, que nos parece no ha sido acogida en la fiscalía. Y por lo tanto, si bien hemos tenido éxitos y logros ante los tribunales, pareciera que hemos tenido una derrota al interior de la fiscalía , dado que nuestros argumentos no han logrado ser acogidos, pero creo que eso finalmente, para los que impusieron, sus tesis va a terminar siendo una victoria pírrica".
Consultado por las declaraciones el fiscal nacional Jorge Abbott, quien afirmó que los delitos e relevancia social deben ir a juicio roral, Norambuena respondió que "esos casos deben ser investigados hasta el final con profundidad y la fiscalía debe buscar las sanciones penales que corresponde ante los tribunales de justicia".
Asimismo, dijo que falta la aceptación de renuncia por parte del fiscal nacional y que permanecerán en sus cargos hasta el 31 de marzo para asegurar el traspaso de la información.
Finalmente, en cuanto a la situación de la causa, Norambuena indicó que se estaban viendo otras salidas alternativas con las que no estaban de acuerdo. Si sintió falta de poyo de la fiscalía, contestó que siempre se han sentido respaldados por los tribunales para las diligencias, incautaciones, medidas cautelares y solicitudes de desafueros.
PURANOTICIA / ATON
