La empresa fue creada en septiembre por un académico y un ingeniero y compró en 3.500 millones 100 propiedades.
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La polémica sigue para el Partido Comunista tras conocerse la manera en que se desprendió de cerca de 100 propiedades por un valor de 3.500 millones de pesos.
La información dada a conocer por La Tercera indicaba que la tienda política traspasó 100 inmuebles a la Sociedad de Inversiones Progreso Spa, que fundaron en septiembre pasado los militantes comunistas Pablo Andrés González Araya, académico matemático de la Universidad Tecnología Metropolitana, y el ingeniero Ricardo Enrique Castro Santis.
El portal Ellibero.cl dio a conocer este jueves que la sociedad que se quedó con las propiedades fue formada en el mes de septiembre del 2016 con un capital de tan solo 5 millones de pesos, fueron divididos en 5 mil acciones sin valor nominal, de una misma serie, suscritas y pagadas en la constitución de la sociedad, al contado y en dinero efectivo por partes iguales, en que Pablo González y Ricardo Castro recibieron 2.500 acciones cada uno.
En el mismo portal Ellibero.cl la transacción fue analizada por el abogado tributarista, Carlos Boada, quien pone en duda la real voluntad de compraventa de los bienes, ya que se hace a una sociedad que no tiene historia, patrimonio ni flujos financieros previos.
Boada agrega que en la reforma tributaria se solicitó una norma general antielusiva, pedida precisamente por el Partido Comunista, para evaluar no solo la forma sino el contenido de los derechos y obligaciones de los contratos, entre ellos los de compraventa.
"Si tomamos esos principios, que todos defendieron y plasmaron en esas normas anti elusivas, y lo traemos a esta operación del PC, nos daremos cuenta que no es posible creer que ese tipo de operaciones existan en el mercado. Por lo tanto, claramente puede haber un ánimo de eludir una normativa que tiene como lógica que los partidos políticos no sean negocios inmobiliarios. La forma de burlarla sería hacer la transferencia a esa sociedad sin patrimonio ni flujos", afirma Carlos Boada.
El profesional agrega que no hay que dejar de lado el tipo de estructura jurídica que usó el partido, que es una sociedad por acciones. "La respuesta es simple. Si hubiera sido una sociedad de personas, esta transferencia habría sido muy riesgosa para el PC. En cambio, al ser por acciones lo más probable es que las acciones estén en garantía de esta operación, y se ha transferido nominalmente las acciones de la sociedad dueña de los inmuebles, pero quien sigue siendo el dueño es el PC que enajenó".
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