El fiscal regional Emiliano Arias presentó la queja en contra del fallo del 2 de enero pasado de la Corte de Apelaciones de Rancagua.
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La Sala Penal de la Corte Suprema revisará este miércoles el sobreseimiento definitivo de Sebastián Dávalos en la arista principal del caso Caval, tras el recurso de queja presentado por la Fiscalía Regional de O'Higgins para mantener abierta la causa contra el hijo de la ex Presidenta Michelle Bachelet.
El fiscal regional Emiliano Arias presentó la queja en contra del fallo del 2 de enero pasado de la Corte de Apelaciones de Rancagua, que sobreseyó a Dávalos. A su vez, el tribunal de alzada había revocado el fallo del Juzgado de Garantía de Rancagua, del 18 de diciembre, que había rechazado el sobreseimiento.
El 2 de enero, la corte rancagüina otorgó el sobreseimiento definitivo por considerar que el tiempo de investigación de la fiscalía había sido excesivo y porque los hechos atribuibles a Sebastián Dávalos Bachelet no son constitutivos de delito.
El fallo indicó que Dávalos "ostenta la calidad de imputado en la pesquisa desde al año 2014, transcurriendo hasta esta data un periodo de tres años de investigación", y agregó que durante este lapso el Ministerio Público no logró demostrar "ilícitos al imputado Dávalos Bachelet, que hubieren justificado en su evento mínimamente la solicitud de audiencia de formalización".
Además, el fallo señaló que los hechos por los que se encontraba siendo indagado el hijo de Bachelet "no son constitutivos de delitos y no le son imputables, hipótesis que justifica decretar el sobreseimiento definitivo requerido". Tras el sobreseimiento otorgado por la corte de Rancagua, Dávalos calificó a la fiscalía regional de "corrupta e indecente".
De confirmarse el sobreseimiento en la Corte Suprema, la Fiscalía Regional de O'Higgins no podrá seguir investigando a Dávalos en la arista principal por los presuntos delitos de negociación incompatible, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y violación de secreto, ilícitos por los cuales nunca fue formalizado.
El caso se remonta al 17 de enero de 2015, cuando la sociedad Caval compró en $6.500 millones los terrenos de Machalí que la familia Wiesner puso en venta a través del síndico de quiebras Herman Chadwick. Luego, el 5 de febrero, Caval vendió los terrenos en $9.500 millones y un día después se publicó el reportaje que destapó el negocio.
La investigación comenzó el 16 de febrero de ese año, cuando los diputados RN Nicolás Monckeberg y José Manuel Edwards (hoy Rojo Edwards) presentaron en fiscalía una denuncia por posible delito de tráfico de influencias y uso de información privilegiada por parte de Sebastián Dávalos, quien había renunciado el 13 de febrero a la Dirección Sociocultural de La Moneda.
Tras la denuncia, el caso comenzó a ser investigado por el fiscal Luis Toledo. Actualmente, la causa está en manos del fiscal regional Emiliano Arias. La preparación del juicio oral fue postergada para el 9 de abril próximo.
Sebastián Dávalos sí será formalizado, el 28 de marzo próximo a las 9:00, en la arista de la estafa al empresario Gonzalo Vial, a quien la sociedad Caval le vendió en $1.162 millones, en 2012, informes copiados de Cochilco para una asesoría minera.
En esta arista, Natalia Compagnon –esposa de Dávalos- está formalizada por 8 informes copiados desde internet, que pertenecen a Cochilco y que fueron presentados por Caval como originales a la empresa Graneles Ltda., de Vial Concha. También está formalizado Mauricio Valero, socio de la nuera de la ex Presidenta. El 28 de marzo, la fiscalía reformalizará a ambos por nuevos hechos conocidos durante la investigación.
Dávalos era gerente de proyectos de Caval al momento de la venta de los informes copiados y tanto él como Natalia Compagnon responsabilizan a Valero por la estafa. Según la investigación de la fiscalía, Dávalos habría justificado los pagos a Gonzalo Vial con facturas falsas.
PURANOTICIA / ATON
