Por primera vez en Chile una entidad autónoma protegerá y promoverá los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
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La Presidenta Michelle Bachelet promulgó este lunes en La Moneda la ley que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez, la que establece por primera vez en Chile una entidad autónoma que protegerá y promoverá los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
"Se trata de un organismo que tiene en sus manos velar porque la calidad de sujetos de derechos que declaramos para los niños sea una realidad y no una mera declaración. O sea, hechos y no palabras", dijo la máxima autoridad del país al comienzo de su intervención.
"La Convención sobre Derechos del Niño nos impone el deber de crear mecanismos para que sus disposiciones sean efectivamente implementadas. Y entre esos mecanismos, establecer una institucionalidad autónoma que vele por la difusión, promoción y protección de los derechos de niños y niñas por parte de los órganos del Estado y de aquellas personas jurídicas de derecho privado que se encuentren vinculadas a estas materias. Ese mecanismo es el que crea esta ley, dando cumplimiento a una obligación contraída por el Estado de Chile con la Comunidad Internacional", añadió.
Las funciones de difusión que cumplirá el defensor de la Niñez dicen relación con recepcionar, facilitar y difundir la opinión de los niños y niñas; difundir el conocimiento en derechos humanos, facilitando su enseñanza en todos los niveles del sistema educacional; difundir el informe anual.
Las de promoción serán elaborar informes regulares y realizar recomendaciones generales o específicas; actuar como amicus curiae ante tribunales; promover el cumplimiento de la Convención sobre los derechos del niño y la adhesión o ratificación de tratados e instrumentos internacionales en estas materias; velar porque los responsables de las políticas económicas tengan en cuenta los derechos de los niños y niñas.
Sobre el nombramiento, el defensor será electo por el Senado por un quórum de 2/3 a partir de una propuesta que realizará la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de la misma Corporación.
Podrá ser removido por la Corte Suprema a requerimiento del Presidente de la República o de un tercio de los miembros en ejercicio de la Cámara de Diputados, por distintas causales entre las que se encuentra la negligencia manifiesta e inexcusable en el ejercicio de sus funciones. Durará en el cargo 5 años, sin posibilidad de reelección.
PURANOTICIA / ATON
