Para la audiencia estaban citados 12 imputados, sin embargo, cuatro no se presentaron por lo que la Fiscalía solicitó medidas compulsivas y órdenes de detención en su contra.
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El fiscal Miguel Ángel Orellana formalizó a ocho nuevos imputados en la investigación por la malversación al interior de Carabineros que supera los 26 mil millones de pesos y suma 126 involucrados.
Los imputados y ex funcionarios de Carabineros Luis Vilches, Sergio Bracamonte, Juan Cereceda, Gabriel González y Gerardo Agurto enfrentaron cargos por asociación ilícita, malversación de caudales públicos y lavado de activos. Estos dos últimos delitos también se les imputó a los ex uniformados Oscar Muñoz y Jorge Latrille, y al civil Leonardo Morales.
Para la audiencia estaban citados 12 imputados, sin embargo, cuatro no se presentaron por lo que la Fiscalía solicitó medidas compulsivas y órdenes de detención en su contra, lo que fue autorizado por el tribunal.
Según expuso el fiscal Orellana, los imputados Vilches, Bracamonte, Morales y Latrille, como miembros de la organización criminal, efectuaron diversas maniobras para contribuir a la misma, reclutando a terceros que facilitaran sus cuentas corrientes, modificando archivos enviados al Banco Estado, entre otras, favoreciendo la malversación de caudales públicos por sobre los 850 millones de pesos. Todos quedaron sujetos a la medida cautelar de arresto domiciliario total.
Cereceda recibió dineros malversados por 60 millones, los que luego entregó en efectivo a la organización criminal, por esta razón quedó sujeto a la medida de arresto domiciliario nocturno.
González junto a otros imputados falsificó documentos destinados al pago de los desahucios con el propósito de obtener pagos ilícitos en beneficio de civiles sin ser parte de la institución. Por este rol obtuvo a lo menos 80 millones de pesos. El tribunal le otorgó arresto domiciliario nocturno.
El imputado Muñoz participó en la tramitación de resoluciones de desahucios falsificadas, mientras que Agurto recibió 12 millones desde cuentas institucionales mientras se desempeñaba en la unidad encargada de llevar a cabo auditorías a los distintos estamentos contables de Carabineros. Ambos quedaron sujetos a la medida de firma quincenal.
Asimismo, se aplicaron las cautelares de arraigo nacional y prohibición de comunicarse entre los imputados a todos los formalizados.
El fiscal Orellana adelantó que la Fiscalía a través de su equipo liderado por el Fiscal Regional de Magallanes, Eugenio Campos, e integrado por los fiscales Jorge Marín, Patricio Macaya y Karina Guajardo, está depurando la información que maneja para que la descripción de hechos que se lleve a juicio sea lo más exacta a cómo ocurrieron.
"Necesariamente va a haber una reformalización, porque lo que se espera del Ministerio Público es que en una investigación tan compleja como esta, en que se nos ha dado varios meses para investigar, no terminemos pensando lo mismo que pensamos el día uno. Lo esperable es la formalización de cargos sea distinta y eso no va a ser un defecto investigativo, va a ser una virtud de la investigación", concluyó Orellana.
PURANOTICIA / ATON
