Contrastó las cifras de 2006 -en el primer año de funcionamiento de la reforma procesal penal en Santiago- con las de 2017, lapso en que éstas pasaron de afectar a 15.369 a 30.981 personas, con un incremento cercano al 100 por ciento.
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Un discurso marcado por un análisis crítico de la labor de todos los actores del sistema penal -jueces, fiscales y defensores- realizó el defensor regional Metropolitano Norte, Carlos Mora, durante la ceremonia de balance de gestión 2017-2018 de ambas Defensorías Metropolitanas, que encabezó junto a su par de la zona Sur, Viviana Castel.
En el evento, realizado en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile ante altas autoridades del ámbito de la justicia, Mora precisó que el gran sistema penal chileno, que es admirado en el concierto internacional, "ha caído en una rutina que está desnaturalizando" algunas de sus instituciones importantes.
Mora afirmó que la prisión preventiva se transforma muchas veces en una pena anticipada para personas que después quedan en libertad. Contrastó las cifras de 2006 -en el primer año de funcionamiento de la reforma procesal penal en Santiago- con las de 2017, lapso en que éstas pasaron de afectar a 15.369 a 30.981 personas, con un incremento cercano al 100 por ciento.
Según dijo, contribuyeron a este aumento los cambios que han endurecido el sistema, como la última agenda corta antidelincuencia. Carlos Mora sostuvo que tal modificación legal "implicó un aumento en la aplicación de la prisión preventiva, rigidizando marcos punitivos y restringiendo severamente la garantía constitucional de un racional y justo procedimiento".
El defensor Metropolitano Norte agregó que a nivel nacional, en 2017 hubo 3.100 personas que fueron sometidas a prisiones preventivas, aunque posteriormente terminaron siendo declaradas inocentes.
Mora también criticó que una de las etapas importantes del nuevo proceso penal, la audiencia de preparación de juicio oral, que es el momento en que los jueces de garantía realizan un control sustantivo de la prueba de la fiscalía, para ver si ésta cumple o no con los requisitos de legalidad que le permitirán ser presentada en el juicio oral, "se ha transformado en una puerta abierta, en donde todo lo que se presenta -más temprano que tarde- es admitido". Agregó que si ello no ocurre en la audiencia misma, "probablemente lo será en el tribunal de alzada".
El defensor citó cifras del Centro de Estudios Judiciales de las Américas (CEJA) que corroboran el deterioro del debate en las preparaciones de juicio oral, pues si en 2006 éstas duraban un promedio de 37,4 minutos, en 2014 esta cifra bajó a menos de la mitad, 16,4 minutos.
Carlos Mora enfatizó también la profundidad del problema, al indicar que cuando el tribunal de garantía filtra efectivamente la prueba -como manda la ley,- excluyendo aquélla que es ilegal, "nos encontramos con que las Cortes de Apelaciones rebajan nuevamente estos estándares, permitiendo la incorporación por la vía del recurso de apelación, de prueba de dudosa confiabilidad y calidad".
Ejemplificó lo anterior con las cifras de junio de este año, en que el 76 por ciento de los recursos de apelación presentados por la fiscalía fueron acogidos por las Cortes de Apelaciones de la Región Metropolitana, legitimando la prueba que había sido declarada ilegal. Peor es la cifra de julio pasado, en que las apelaciones acogidas llegaron al 92 por ciento.
Todo esto ha derivado en que la defensa ha debido plantear estas ilegalidades de la prueba en el propio juicio oral, en los cuales los defensores públicos han obtenido un número cada vez más elevado de absoluciones, las que llegaron al 60 por ciento en el periodo 2017-2018 a la fecha.
"En rigor, la absolución en juicio oral no es un buen resultado para nadie, ni siquiera para el imputado, que ha debido soportar un largo proceso judicial", advirtió.
Además, el defensor Regional Metropolitano Norte representó su especial preocupación por el juicio oral, cuyos objetivos se han visto seriamente desnaturalizados.
"Esta instancia fue diseñada para resolver causas complejas, delitos graves u otras complejidades, como por ejemplo multiplicidad de imputados. Sin embargo, delitos que inicialmente podría pensarse fueran resueltos de manera distinta, terminan en juicio oral", dijo.
"Por ejemplo, del total de juicios orales que asumió la Defensoría Metropolitana Norte desde enero de 2017 a septiembre de 2018, casi un 30 por ciento lo constituyeron delitos tales como hurtos, desacato, amenazas, daños y microtráfico", enfatizó.
Al acto asistieron el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito; el fiscal nacional Jorge Abbott; el subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Ossa, y el defensor nacional Andrés Mahnke, entre otras autoridades y directivos de distintos servicios.
PURANOTICIA
