Bolivia aumentará seguridad con leyes para derribar aviones y controlar armas

Afirmó el ministro de Defensa, Ruben Saavedra.

Sábado 8 de junio de 2013 a las 14:20 horas


Internacional

Bolivia aumentará la seguridad del Estado y de su población con la aprobación inminente de dos leyes, una para derribar aviones en vuelos ilegales y otra para el control de las armas, afirmó el ministro boliviano de Defensa, Ruben Saavedra.

Saavedra dijo en una entrevista con Efe que ambas normas están orientadas "a precautelar la seguridad del Estado y la población, ejerciendo soberanía y defensa sobre el territorio nacional".

El proyecto de "Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados" ya ha sido aprobado por el Senado y ha pasado esta semana a trámite en la Cámara de Diputados, antes de su promulgación por el presidente Evo Morales.

El anteproyecto de "Ley de Interceptación de Aeronaves Civiles, Ilícitas u Hostiles" será enviado por el Ejecutivo al Parlamento, controlado por el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).

Esta última normativa, según explicó Saavedra, permitirá a la Fuerza Aérea interceptar los vuelos de las aeronaves implicadas en el narcotráfico, el contrabando y el tráfico de armas o que violen las normas internacionales y de seguridad del Estado.

En Bolivia, no hay antecedentes de derribo de aviones, aunque sí de interceptación de avionetas de los narcotraficantes.

La nueva ley será "aplicable a las aeronaves civiles, nacionales, y extranjeras que se encuentren operando en el espacio aéreo del Estado boliviano" de forma ilegal, apuntó el ministro.

Según Saavedra, la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) posee las aeronaves Pilatus PC-7, Mark T-33 y Karakorum K-8 equipadas para las interceptaciones, si bien reconoció la necesidad de contar con un sistema de radares para facilitar el control del espacio aéreo.

Recientemente, doce pilotos bolivianos recibieron capacitación en China para operar los aviones K-8 comprados a ese país, agregó.

El mes pasado, Bolivia alcanzó un acuerdo de cooperación con Argentina para que este país le ayude con la instalación de los radares en función de las características topográficas del país.

Sobre el proyecto de ley para el control de armas, Saavedra afirmó que será una norma para "garantizar la convivencia pacífica" y "la vida de las personas", pero además permitirá prevenir los delitos contra la seguridad y la defensa del Estado.

La norma creará distintos registros gestionados por los ministerios de Defensa y de Gobierno para el control de la fabricación y comercio de armas, municiones y explosivos en manos de militares, policías y civiles y de empresas mineras y petroleras.

La ley establecerá sanciones duras para quienes incurran en los delitos vinculados al tráfico y comercio ilegal de armas, pero también para el robo en los cuarteles policiales y militares.

"La pena será de 30 años sin derecho a indulto, si el delito (de robo) es cometido por personal militar o policial", apuntó.

Sobre la pérdida de armas en los cuarteles, un asunto que era recurrente antes, señaló que ya no se han registrado estos casos porque el ministerio de Defensa aplica desde el 2012 un plan para tener un control riguroso de las mismas con inventarios.

La tenencia ilícita de armas será sancionada con una pena de dos a seis años y el porte ilegal, de uno a cinco años, pero se agravarán en un tercio si se trata de armamento militar.

La fabricación ilegal de armamento se castigará con una pena de cuatro a ocho años, pero si el implicado está relacionado con una organización delictiva, la condena será de 5 a 10 años.

El comercio ilegal de armas de fuego, explosivos y municiones tendrá de 10 a 15 años de cárcel, pero la sanción aumentará a 25 años si el implicado es parte de una organización criminal.

El comercio ilegal de armas fue detectado por la policía en diversos operativos, entre ellos, uno realizado en diciembre pasado cuando "se encontró un armero en posesión de un importante lote de armas y municiones", según recordó el ministro.

Saavedra anunció la elaboración de otras 14 normas para el sector de Defensa, entre las que tendrán prioridad la Ley de Seguridad y Defensa del Estado y la modificación de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas.

 

Fuente: El País.



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